Ante comisión que estudia procedencia del libelo, dirigenta expresó que “nos enfrentamos a una figura que, aunque constitucional, entra en colisión con la independencia judicial”.

La Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Soledad Piñeiro, pidió hoy el rechazo de la acusación constitucional patrocinada por un grupo de diputados y diputadas contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, haciendo una sólida crítica al mecanismo, que calificó como una “anomalía institucional” que debilita la independencia de jueces y juezas y colisiona con la estructura de un estado democrático de derecho, conforme a estándares establecidos incluso en el sistema interamericano de DDHH.

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La intervención de la magistrada respondió a una petición efectuada por la ANMM en la víspera para ser oída por la Comisión y fue la primera de la jornada luego de la apertura a cargo del diputado Andrés Longton y el abogado Leonardo Contreras, quienes se abocaron a exponer los fundamentos de la acusación.

Piñeiro partió despejando dudas respecto de los ejes de la posición del gremio: “Para los jueces su independencia es una carga, expresada en su obligación de fundamentar lo resuelto y de ser revisadas sus decisiones por otros tribunales; y en ese contexto no venimos a ofrecer una defensa corporativa ni pretendiendo que no existan controles para la actividad de juezas y jueces, sino por el contrario, buscamos que todo el sistema mediante frenos y contrapesos, busque y diseñe la mejor forma de garantizar la independencia judicial y el control de la función” dijo Piñeiro al abrir su exposición.

Anomalía institucional

Enseguida, la magistrada relevó el reconocimiento constitucional de esta independencia al tenor del artículo 76 de la Carta Fundamental, al tiempo que destacó la disociación entre el sistema chileno y la figura de la acusación constitucional: “la regulación de la acusación política contra los magistrados de los tribunales superiores de justicia chilenos rompe con la regulación constitucional de su Poder Judicial, que se corresponde con un modelo continental de juez o propio de un sistema del Civil law. Ese juez destaca por su apoliticidad y su carácter de funcionario del Estado que aplica la ley a casos concretos, mientras que el juicio político responde a una inspiración del Common law, propio de países anglosajones en los que el juez no es un profesional que sigue una carrera y que bien puede representar a fuerza políticas mayoritarias o minoritarias.

El problema que esto supone -señaló Piñeiro- es que al consagrarse la responsabilidad política de los jueces, se generaría y de hecho se ha generado, “una situación generalizada en la que el juez tiende a uniformar sus actividades institucionales a las indicaciones que provienen del poder político, evitando cuidadosamente interpretaciones de la ley que puedan ser consideradas “desviadas” o “fastidiosas”.  

Pero habida cuenta del reconocimiento constitucional que el mecanismo tiene, para la dirigenta caben 2 precisiones: Por un lado, un uso limitado o moderado de la facultad por los órganos políticos competentes; apelando a la idea de self restraint o principio de deferencia; y por otro, que se debe interpretar la Constitución de un modo sistemático, lo que implica que la acusación política debe realizarse de manera coherente con las demás disposiciones de la Constitución en su conjunto

Consecuencia de lo anterior es que la causal de acusación “notable abandono de deberes”, es un concepto jurídico indeterminado que debe ser efectivamente interpretado; que un órgano político termine juzgando a jueces y que como resultado de esto la sanción tenga el carácter de pena, pues de hecho la destitución, de ocurrir, trae aparejada la inhabilidad para cargos públicos por 5 años.

Para la magistrada, hay a su vez recomendaciones vigentes de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en orden a desterrar la posibilidad de juicio político hacia jueces y juezas pues -citó- éste mecanismo “presenta riesgos para las garantías de independencia e imparcialidad. Igualmente ha afirmado que resulta conveniente eliminar progresivamente su uso (…) ya que la figura constituye un riesgo significativo a la independencia judicial”.

Y es que -sobre la evidencia de la intromisión y sus efectos nocivos- la jueza señaló que “no podemos olvidar que en octubre próximo se constituirán 17 comisiones que deberán resolver sobre la procedencia o no de libertades condicionales. Serán 17 ministros y ministras que estarán atentos a lo que se diga en esta oportunidad, que probablemente considerarán -en su fuero interno- lo que se resuelva en este caso”.

Posteriormente, Piñeiro dedicó unos minutos a detallar las severas deficiencias del sistema vigente de libertades condiciones y la caracterización del ejercicio de la facultad tanto jurisdiccional como administrativa, pero que de inclinarse por la segunda “cabe preguntarse si en ese evento procede la acusación constitucional, pues del contexto normativo este medio de control ha sido previsto en razón de su función jurisdiccional, pues esto es lo que define la esencia del cargo y la norma constitucional que la contempla  se refiere quienes están expuestos a esta forma de control precisamente por sus cargos”.

Finalmente, la dirigenta manifestó que el proceso de acusación alerta sobre la necesidad de múltiples revisiones y reformas que debieran ser asumidas a la brevedad; que el sistema de control de cumplimiento de condenas debe ser uno solo y que debe estar a cargo de una judicatura especializada; que la acusación constitucional respectos de jueces y juezas debe ser modificada desde una perspectiva de garantizar la independencia judicial y que el sistema de responsabilidad de juezas y jueces contemplado en el Código Orgánico de Tribunales debe ser sustancialmente reformado a la luz de sus actuales deficiencias.