La Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Soledad Piñeiro, fue enfática en señalar que la respuesta de la Corte Suprema conocida ayer no fue satisfactoria en relación con la urgencia  de suspender el trabajo presencial en todos los espacios judiciales a lo largo del país. Para la dirigenta gremial, el máximo tribunal no está asumiendo la responsabilidad que le cabe a la hora de instruir con claridad las medidas que deben tomarse en tribunales y cortes para evitar el contagio por Covid-19.

Recordemos que el viernes último ante la incertidumbre respecto de cómo deben actuar los espacios judiciales en nuestro país y las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich quien señaló que “el servicio de justicia debe prestarse necesariamente y no puede paralizarse”, la Asociación Nacional de Magistrados junto a otros gremios judiciales emitieron una declaración pública en la que instaron “a todo el personal del Poder Judicial y personal subcontratado a realizar cuarentena inmediata sin concurrir a los lugares de trabajo. Quedando el personal a disposición de prestar los servicios urgentes mediante teletrabajo”

En la misma declaración se hizo un llamado “a los abogados (a) y usuarios (a) a no concurrir a cortes y tribunales, y a la autoridad a decretar con urgencia feriado judicial extraordinario por el mínimo tiempo indispensable para sortear la pandemia”, texto al que siguió una detallada presentación suscrita por las asociaciones de magistrados, de profesionales, de empleados y de consejeros que fue conocida ayer por el Tribunal Pleno en reunión convocada específicamente para dar respuesta a los planteamientos de los gremios.

Tras el pleno, la Corte Suprema reaccionó emitiendo una resolución en la que junto con agradecer la preocupación de las organizaciones, indicó “2° Que, desde luego, reiteramos a nuestros funcionarios y funcionarias que trabajamos incansablemente para que la labor de los tribunales pueda realizarse en la actual emergencia de la manera más expedita, procurando no agravar los efectos de la pandemia y atendiendo a las peculiaridades de las distintas jurisdicciones del país.  3° Que esta Corte Suprema, para impartir las instrucciones contenidas en el acta 42-2020, tuvo en consideración la imposibilidad de suspender totalmente el ejercicio de la función jurisdiccional, atendido su rol en el reconocimiento y protección de las garantías constitucionales (…)”

Al respecto, la Presidenta de la ANM sostuvo que “para nosotros la respuesta no resulta del todo satisfactoria, porque si bien insiste en algunas líneas generales de trabajo que permiten la disminución de la modalidad presencial, no se hace cargo de las realidades disímiles en distintas ciudades de Chile que nos muestran que a la fecha aún existen tribunales, como los juzgados civiles, que están funcionando como si estuviéramos en plena normalidad”.

Piñeiro, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia -y quien preside dicho tribunal de alzada- señaló también que lo que se está pidiendo es que “la Corte Suprema entregue directrices absolutamente prácticas y claras y  que se haga cargo y asuma esta responsabilidad social que significa la salud pública en estos momentos”. Recordó además que hay que tener en cuenta que el espacio judicial es un lugar propicio para el contagio dado que en él cohabita numeroso público, muchos funcionarios y personas de otras entidades que diariamente deben acudir.

Finalmente, la magistrada dijo que “Hoy tenemos regiones donde aproximadamente el 55% del trabajo se sigue realizando de manera presencial y lo que nosotros esperamos es que en todas las regiones del país tengamos una estadística de trabajo presencial no superior al 10%”. Situación que hoy está muy lejos de ser una realidad según las cifras del mismo reporte que entregó el Poder Judicial en el que informa que el promedio de  trabajadores que están asistiendo presencialmente a sus labores es del 30% de un total de 11.039 funcionarios judiciales que se desempeñan a lo largo del país.

Santiago, 24 de marzo 2020.-