Carta publicada en El Mercurio

Señor Director:

Ante las declaraciones vertidas por la señora ministra del Sernam, Carolina Schmidt, en las que anuncia que todas las mujeres deben utilizar el postnatal extendido porque es un derecho irrenunciable, haciendo alusión a un grupo de mujeres del Poder Judicial que se han visto obligadas a renunciar a aquel, debemos puntualizar que los requerimientos presentados al respecto ante el Tribunal Constitucional cuentan con el apoyo de la Asociación Nacional de Magistrados, en virtud de acuerdos adoptados por nuestra organización gremial.

Ello, teniendo en consideración lo siguiente:

1. Porque hacer uso del descanso de posnatal extendido significa una disminución de dos tercios de los ingresos de las jueces que se encuentren en tal situación, difícil de soportar para cualquiera que viva solo de su trabajo.

2. En tales condiciones, el uso de dicha extensión del descanso maternal se vuelve ilusorio, porque nadie está en situación de responder sus compromisos -ya contraídos- con una disminución tan drástica de sus remuneraciones.

3. Las políticas públicas, en el Chile de hoy, y que pretendemos construir sobre principios modernos y democráticos, no pueden perpetuar ciertos estereotipos de mujer, que bajo la falsa consigna de que está más capacitada para ello por la naturaleza de las cosas, debe hacerse cargo íntegramente del cuidado del hogar y de los hijos.

4. Resulta indispensable conciliar un principio, el de irrenunciabilidad, que supone la consagración de ciertos derechos mínimos para los trabajadores en beneficio de los mismos, con la situación que la Ley 20.545 provoca en las mujeres que perciben rentas más altas que el subsidio de 67.4 UF y que por tanto ven cómo sus remuneraciones disminuyen en dos tercios, en el caso del Poder judicial, durante la extensión del descanso de maternidad. Es de toda lógica que la irrenunciabilidad de un derecho jamás puede aplicarse en perjuicio de un trabajador.

5. Por lo demás, no debe olvidarse que justamente porque los funcionarios del Poder Judicial no podemos negociar colectivamente es que el DFL N° 1 nos asegura la mantención de nuestras remuneraciones íntegras durante el descanso de maternidad, derecho que ha sido derogado por la Ley N° 20.545, al menos respecto de la extensión del postnatal.

6. Por tanto, estimamos que al menos en lo que se refiere a las juezas y otras trabajadoras del sector público (un 10%, que no es una cifra menor), también ciudadanos de este país, la ley en comento ha establecido una diferenciación arbitraria y discriminatoria, que es necesario subsanar.

LEOPOLDO LLANOS SAGRISTÁ
NANCY BLUCK BAHAMONDES
Presidente y directora 
Asoc. Nacional de Magistrados del Poder Judicial