Así lo afirmó la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), en audiencia temática que bajo el título “Funcionamiento de la Justicia en la Pandemia por Covid-19” ante la CIDH.

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) -representada por su Presidenta, Soledad Piñeiro-  junto a otras 10 organizaciones expuso este viernes 9 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 177° Período de Sesiones.

Ver audiencia completa

El grupo de peticionarios, en su mayoría organizaciones civiles de distintos países, y la ANMM – única Asociación de juezas y jueces presente en esta audiencia- dieron a conocer en tiempo acotado diversos temas sobre la realidad del funcionamiento de sus sistemas justicia en sus países durante este largo período de pandemia. Así, las presentaciones de cada una de las instituciones peticionarias fueron consignadas en un reporte consolidado, así como peticiones ante la Comisión Interamericana de DDHH a fin de que esta se pronuncie sobre ellas y sea comunicada dicha decisión cada uno de los estados.

A su turno, la magistrada Piñeiro hizo hincapié en diversos aspectos identificados durante la pandemia, entre los que destacan los que dicen relación con “La realidad Laboral”. En este acápite hizo un alcance desde una perspectiva de género: “atendida la complejidad de compatibilizar el  trabajo doméstico, el cuidado de NNA y/o adultos mayores o personas con necesidades especiales, además del apoyo en clases a distancia de hijas e hijos pequeños, e incluso coordinar el uso de los medios tecnológicos escasos en la familia. Esta situación ha relevado muchas situaciones de desigualdad e incluso de precariedad”, señaló la dirigenta.

Relevó también la existencia de dificultades de acceso señalando: “(…) un grave problema es la brecha tecnológica, no la de las personas que laboramos en el Poder Judicial, pues esa ha podido ser asumida con rapidez, al menos a nivel usuario, sino que la de usuarias y usuarios; en especial, en materia de familia donde las personas pueden efectuar sus solicitudes sin patrocinio de abogado”.

En ese sentido, precisó que tales dificultades se manifiestan en dos aspectos: la ausencia de medios tecnológicos y económicos –a veces teniendo celular no hay dinero para cargarlo- y de habilidades o competencia. “Frente a las tremendas carencias en acceso a la justicia, más aún en estas condiciones, no basta que el Poder Judicial mejore sus estándares tecnológicos, que hoy son altos, si ello no facilita el acceso. En ese sentido, se han impulsado planes piloto que han habilitado puntos de contacto tecnológico en lugares muy distantes de tribunales –comisarías, municipalidades-, especialmente en zonas rurales, se ha evaluado con buenos resultados, pero aún tienen un alcance minoritario. La solución de fondo parece ser otra, la creación de una institución que asuma la representación letrada de quienes acuden a tribunales de familia”.   

Instituciones que comparecieron hoy: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ (Argentina); Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (Chile); Claudia Escobar Mejía (Guatemala); Comisión Internacional de Juristas – CIJ (Colombia); Fundación Construir (Bolivia); Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia); Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social – FUSADES (El Salvador); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho – FJEDD (México); Instituto de Defensa  Legal-IDL (Perú); Observatorio Derechos y Justicia-ODJ (Ecuador) y Fundación para el Debido Proceso – DPLF (Regional).