Trabajo conjunto permitió la elaboración de una propuesta única suscrita por la totalidad de las organizaciones gremiales.

Un positivo encuentro sostuvieron ayer mediante video conferencia representantes de las cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial -jueces, profesionales, empleados y consejeros técnicos- con el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en el que plantearon sus inquietudes sobre el retorno al trabajo presencial en los tribunales de justicia frente al escenario de congestionamiento que se avizora como consecuencia de las medidas vigentes mientras la pandemia golpea al país.

La reunión, a la que asistieron las presidentas de las asociaciones de magistradas y magistrados (ANMM) y empleados (ANEJUD); Soledad Piñeiro y Gema Águila, respectivamente, y los presidentes de las de profesionales (APRAJUD) y de consejeros técnicos, Patricio Aguilar y Nelson Achurra, responde a la favorable acogida que en el Tribunal Pleno tuvo la petición efectuada a comienzos de mayo en orden a considerar a los gremios en la coordinación de los protocolos para el retorno al trabajo seguro, lo que también fue solicitado al Ministerio de Justicia.

Evaluando positivamente la instancia de diálogo que se repetirá en las siguientes semanas -en la que estuvieron presentes también la ministra Gloria Ana Chevesich y el ministro Manuel Valderrama- la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Soledad Piñeiro, advirtió sin embargo que lo que más preocupa es que el foco está puesto en metas de gestión, pues “hay una orientación muy grande hacia ello y no hacia administrar justicia; es decir, se habla mucho de hacer juicios sin preocuparse de cómo hacerlos resguardando derechos y garantías”.

Ayer, los 4 gremios expusieron un documento que reúne de manera rigurosa todos los puntos que estiman deben ser considerados. El texto, denominado “Propuesta de trabajo para afrontar carga de trabajo por covid-19 en tribunales”, es el resultado de un intenso e inédito trabajo colaborativo entre las cuatro organizaciones que representan a quienes se desempeñan al interior de la organización judicial.

La propuesta establece fundamentalmente que el retorno seguro de Jueces, Profesionales, Consejeras y Consejeros Técnicos y Empleadas y Empleados a las dependencias físicas de los tribunales debiera darse utilizando sistemas de turnos presenciales o semi presenciales en aquellas unidades con una dotación máxima diaria del 50%, privilegiando audiencias por video conferencia y semi presenciales y se establece ello no debiera ocurrir antes de que finalice el estado de excepción constitucional (17 de septiembre) o cuando lo establezca la autoridad sanitaria, además de contar con presupuestos descentralizados para la operación y adquisición de artículos de higiene, así como disponer de contratas y suplencias suficientes para hacer frente a la cantidad de reprogramaciones de audiencias. 

Puntos destacados en el documento

1.- Se procurará continuar con la modalidad de teletrabajo mientras dure esta pandemia, finalizado el plazo de estado de emergencia de catástrofe nacional  (como mínimo hasta 17 de septiembre 2020 o la prórroga del estado de emergencia ) e independientemente de que éste se prorrogue, no se deberá dar inicio al desarrollo de las audiencias que se tengan agendadas de manera presencial realizándolas por Video conferencia.

En este sentido se propone que todas las audiencias urgentes sigan por sistema virtual: control de detención, VIF, cautelares urgentes, amparos y protección.

2.- Posterior a dicha fecha, se retorne a trabajos presenciales a través de turnos de manera gradual, hasta no superar un máximo del 50% de la dotación, considerando los grupos de factores de riesgo y el recambio de funcionarios (modelo Israelí 4 x 10), y el resto a través de Teletrabajo. Lo clave es definir las políticas de turnos y las condiciones sanitarias para los trabajadores judiciales que asistan a los tribunales y unidades

3.- Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de audiencias más complejas deberán tomarse las medidas de coordinación y resguardo para su realización de forma semi- presencial o presencial. Audiencias, por ejemplo; con comparecencia de imputados no presos; Simplificados, Abreviados, APJO, etc. (Penal); de juicios contenciosos, alimentos, cuidado personal (Familia); de Preparación de Juicio, de Multa (Laboral).

4.-  Se prevé un aumento de los procedimientos y audiencias con una alza en los volúmenes de audiencias presenciales a contar del 17 de septiembre, para lo cual se necesitara en un periodo de dos o tres meses de apoyo de personal a contratas o suplentes y mayor cantidad de jueces temporales, para lo que se requerirá una dictación de una ley que lo permita.

5.- Diseño e implementación de tótems de auto atención en todos los tribunales, para evitar que el público tome contacto con atención de usuarios que se instalen además en otras Unidades o Instituciones, tales como Municipalidades, Consultorios, Comisarias, etc.

Cabe recordar que a la fecha el Poder Judicial reporta una cifra de teletrabajo que bordea el 90% y que el foco ha estado puesto en la continuidad del ejercicio de la función jurisdiccional a través de plataformas dispuestos para ello, pero como señala la presidenta de la ANMM, hay materias que por su propia naturaleza resultan complejas de tratar a distancia, como ocurre con familia, en que las partes pueden concurrir sin abogado y queda de manifiesto una gran brecha tecnológica sin su asistencia.

Respuesta del ministerio

Por otra parte y en la misma línea de acción, a comienzos de esta semana el Gabinete del Ministro de Justicia entregó oficialmente una respuesta a la carta que le hiciera llegar los gremios judiciales más los de fiscales y defensores y funcionarios de la DPP en la que pidieron ser considerados en las mesas de trabajo que coordinarán el retorno al trabajo presencial tras la pandemia.

Desde la cartera agradecieron y aceptaron la disposición de los gremios a aportar en la elaboración de propuestas para enfrentar la realidad a la que se verá sometido el sistema judicial una vez que cesen las medidas vigentes, por lo que serán convocados para ser oídos en los grupos de trabajo, en alusión al anuncio previo del ministro Larraín en orden a constituir una mesa penal y otra para las materias civil, laboral y de familia “cuyo propósito es entregar propuestas para resolver anticipadamente las  dificultades que se avizoran”.