Preocupa al gremio que no estén dadas las condiciones para el trabajo seguro ante insistencia de retomar trabajo presencial.

Una cantidad apreciable de personas circula diariamente por las dependencias de los distintos tribunales de justicia del país, entre usuarios, abogados y quienes apoyan la labor jurisdiccional, pasando por el personal de aseo y seguridad, lo que desde el propio Poder Judicial aseguran podría convertirles en vectores para el contagio en la actual crisis sanitaria que afecta al país en el contexto de la pandemia de Covid-19. Por ello y tal como han venido manifestando en las últimas semanas, a jueces y juezas preocupa la insistencia desde la Corte Suprema por retomar los actuaciones presenciales cuya justificación es evitar eventuales atochamientos en los meses venideros.

Es por ello que hoy han pedido a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), entidad encargada de gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los tribunales, que informe acerca de las medidas de seguridad adoptadas “para la prestación de servicios presenciales en tribunales y Cortes, idóneas en relación con crisis sanitaria, detallando tipo, calidad y cantidad de implementos de protección personal, modificaciones y adaptaciones de los edificios para mantener la distancia física adecuada y barreras de protección” según se lee en una petición formulada hoy a su director.

Micrófonos ambientales para evitar el contacto en las salas de audiencias, protocolos para la reacción ante la emergencia, señalamiento de riesgos, señalética e Implementos de seguridad como mascarillas, escudos faciales, alcohol o termómetros son algunos de los ítems cuya existencia y suministro pide saber la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), organización gremial que agrupa al 70% de los jueces y juezas del país, así como la existencia de coordinación con otros servicios del sistema judicial para hacer efectivas las medidas de seguridad, por ejemplo, respecto del traslado de personas privadas de libertad o niños, niñas y adolescentes (NNA) desde las residencias.

Esto último ha sido conversado con las asociaciones de fiscales y de funcionarios de la Defensoría como también con los gremios de empleados judiciales, profesionales y consejeros técnicos de tribunales en una acción coordinada que ha insistido en la creación de una mesa de trabajo que les considere para la elaboración de protocolos para un retorno seguro a las actividades presenciales, para las que, aseguran, aún no es el momento dada la proximidad del peak de contagios y eventual colapso de los servicios de salud.

“Nos preocupa que pese al avance de los contagios se instruya a retomar el trabajo presencial sin que existan las medidas suficientes para resguardar la salud de las personas. Justo cuando están vigentes restricciones severas de movimiento y se hace hincapié en la necesidad urgente de evitar toda conducta que pueda provocar una mayor congestión de los servicios de salud, por lo que un llamado bajo lógicas de sacrificio parece peligroso e imprudente”, dijo la Presidenta de la ANMM, María Soledad Piñeiro.

Santiago, 26 de mayo de 2020.-