La Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, en relación con el estado de funcionamiento del sistema de justicia penal y la situación de sus asociados y asociadas en la actual situación de crisis sanitaria por la que atraviesa el país, declara lo siguiente:

1.- Nuestro sistema de justicia penal se ha adaptado con flexibilidad a las nuevas condiciones de funcionamiento, garantizando la continuidad del servicio, que nunca se ha visto interrumpido, utilizando para ello los instrumentos que las tecnologías de la información y el trabajo a distancia brindan.

Esto se ha logrado con la dedicación y el esfuerzo de jueces, fiscales, defensores y de todos los funcionarios y funcionarias de nuestras instituciones. Así, se realizan controles de detención y formalizaciones y múltiples otras audiencias, garantizando el acceso a la justicia, la continuidad de la persecución penal y el debido proceso y los derechos de quienes han sido privados de libertad.

2.- Consideramos necesario seguir aplicando todas las medidas indispensables y urgentes para proteger lo más importante que, es la vida y la salud de los intervinientes en el procedimiento penal, sean estos jueces, fiscales, defensores, víctimas, imputados, testigos y peritos, así como de todos los funcionarios y funcionarias que con su trabajo permiten el funcionamiento del sistema.

Para ello es necesario constituir en forma urgente una mesa de trabajo colaborativo que permita la elaboración de protocolos que definan reglas claras de cómo desarrollar audiencias íntegramente vía remota para paulatinamente retomar el trabajo presencial cuando existan las condiciones para ello; mesa que debe estar compuesta por las autoridades de nuestras instituciones y por representantes de los gremios incumbentes, incluyendo a expertos asesores, al menos, en salud pública y seguridad laboral.

3.- La contingencia sanitaria no nos hace olvidar que es necesario garantizar y hacer valer los principios del debido proceso, evitando cualquier actuación que vaya en desmedro de aquellos que configuran el basamento del proceso penal, el derecho a defensa o las garantías y seguridad de las víctimas.

Nos preocupa especialmente la situación de quienes se encuentran privados de libertad, respecto de quienes se deben adoptar todas las medidas necesarias para resguardar su vida y salud.

Enviamos un saludo fraterno y sororo a todos nuestros asociados y asociadas, en la seguridad de que la cooperación y el diálogo entre quienes integramos nuestras organizaciones contribuirá de manera importante a que salgamos airosos del enorme desafío que estamos enfrentando al tiempo que agradecemos el esfuerzo que han desplegado para mantener activa la labor judicial.

María Soledad Piñeiro Fuenzalida, Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados

Claudio Uribe, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público 

Peter Sharp, Presidente Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública