Hoy día 30 de octubre de 2011, acaba de celebrarse la sesión plenaria de la XXXIX Convención Nacional, Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile realizada en la ciudad de La Serena. Durante su desarrollo, los jueces de nuestra República no hemos podido dejar de analizar acontecimientos determinados por las manifestaciones efectuadas por diversas organizaciones sociales, y la reacción que el resultado de esos eventos ha provocado en algunas  autoridades de organismos públicos, muchas de las cuales se han traducido en críticas hacia jueces que ejercen competencia penal y que se han generalizado, haciéndose extensivas  a todos quienes formamos  parte del Poder Judicial de Chile, con abstracción de las diferentes competencias  que integran la actividad jurisdiccional. Respecto de aquellos magistrados que ejercen jurisdicción en lo penal, se ha llegado a sostener, por parte del Ministro de Justicia don Teodoro Ribera Neumann, quien debe intervenir en el nombramiento de los jueces, que se revisará la forma como  estos han resuelto en materias sometidas a su conocimiento.

Tales críticas y anuncio no pueden sino considerarse como una agresión y presión indebida contra la independencia del juez, principio éste que nuestro ordenamiento jurídico garantiza a la sociedad toda, y que se traduce en la certeza acerca de que el llamado a resolver un conflicto lo hará sin otra limitante que sujetarse a la Constitución Política de la República y la ley. Por ello, se trata de un valor que las autoridades públicas son las primeras llamadas a respetar, por constituir una base fundamental del Estado de Derecho.

Por tales razones, la Asociación nacional de Magistrados de Poder Judicial de Chile expresa ante la comunidad que rechaza las apreciaciones de quien, como integrante del aparato estatal, actúa en calidad de parte ante los Tribunales de Justicia y repudia todo intento de presionar a los jueces, condicionando su eventual nombramiento en un cargo, para que sometan sus decisiones a los intereses de cualquier grupo, idea o corriente política o filosófica y  recuerda  a quienes han manifestado de cualquier forma esas intenciones, que, en un Estado Democrático de Derecho, fundado en la separación de poderes públicos, cada uno de éstos debe cumplir los roles que la Constitución les asigna, estándoles vedado inmiscuirse en las facultades de los demás, perseverando nuestra entidad gremial en sus esfuerzos para asegurar la mantención  y defensa de la independencia, tanto interna como externa, con que los jueces ejercen jurisdicción, sometidos únicamente al mérito de los antecedentes aportados por las partes de un conflicto, y al imperio de la Constitución Política de la República de Chile y a sus leyes.

Adoptada por la mayoría de los presentes.