La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió hoy su sentencia en el caso del juez chileno Daniel Urrutia, incoado contra el Estado de Chile por diversas infracciones a los derechos fundamentales del magistrado en el contexto de una investigación disciplinaria. Para la Corte, Chile es “responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión de un Juez”.

En en fallo, la Corte constató que no era acorde con la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto,como el realizado por el Juez Urrutia en 2004. Por otro lado, la Corte consideró que, si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia derogó la sanción impuesta al Juez, esta se mantuvo en la hoja devida del señor Urrutia Laubreaux por más de 13 años, afectando su carrera judicial.

Voto concurrente

Especial interés reviste el voto concurrente del juez de la CorteIDH Eugenio Zaffaroni, para quien “la organización corporativa jerarquizada (chilena) corresponde a un Poder Judicial vertical y sin debates internos, donde la libertad de pensamiento y crítica de los jueces se cede a los cuerpos colegiados. En esta organización los jueces deben renunciar a los derechos inherentes a su condición de personas con sus propias ideas, concepciones del mundo y valores, para acatar los de las cúpulas de la corporación, convirtiéndose en sus subordinados”, señala.

Agrega que “no es en modo alguno posible garantizar la imparcialidad judicial –inescindible por implicancia de la independencia- pretendiendo integrar como jueces a personas que carecen de ideologías, valores y cosmovisiones, porque no las hay, al menos en condiciones de mínima salud mental. Pero tampoco se logra integrando a personas que en homenaje a la permanencia en sus funciones ceden sus valores, ideas y cosmovisiones personales, asumiendo los de una cúpula orgánica, en una actitud de acatamiento, subordinación y ocultación, indigna no sólo de un juez sino de cualquier ciudadano”.

Lo anterior es especialmente relevante pues es coincidente con las históricas críticas que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) ha formulado a la estructura orgánica y ejercicio de facultades distintas de las jurisdiccionales radicadas en los tribunales superiores chilenos (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones).

Derecho a la libertad de pensamiento y expresiónEn el caso concreto, la Corte constató que no era acorde con la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por la víctima. Por otro lado, la Corte consideró que la decisión de la Corte Suprema de Chile de 2018, si bien constituyó “un adecuado y oportuno control de convencionalidad de la sanción de amonestación privada impuesta al juez Urrutia en el 2005”, la sanción se mantuvo en su hoja de vida por más de 13 años, lo cual afectó su carrera judicial. En consecuencia, la Corte concluyó que Chile había violado el artículo 13 de la Convención Americana.

Derecho a las garantías judiciales

La Corte constató a su vez que el juez Urrutia nunca fue fue informado del inicio de un proceso disciplinario en su contra ni de las normas presuntamente infringidas, violando con ello su garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra (artículo 8.2.b) de la Convención) y que la Corte de Apelaciones de La Serena, por otra parte, no brindó al juez Urrutia una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, vulnerando con ello su derecho a defensa (artículo 8.2.c).

Asimismo, la Corte reprochó que algunos de los ministros que habían manifestado previamente su opinión sobre el trabajo académico del juez Urrutia intervinieron posteriormente en el conocimiento de la apelación de la decisión sancionatoria, comprometiendo -a juicio de la CorteIDH- la imparcialidad de la Corte Suprema chilena en la resolución de la apelación interpuesta por la víctima (artículo 8.1 de la Convención).

Principio de legalidad e independencia

La Corte estimó finalmente que si bien el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales chileno prohíbe “atacar en cualquier forma” la conducta de otros jueces o magistrados, no establece qué tipo de actos pueden ser considerados como un ataque, y la frase “en cualquier forma” contiene un alto grado de indeterminación, lo que abre un amplio espacio de discrecionalidad al encargado de ejercer la potestad disciplinaria, que bien puede acarrear un uso arbitrario.

Asimismo, el Tribunal advirtió que este tipo de normas no sólo vulneran el principio de legalidad sino la independencia judicial, entendida como la garantía para todo habitante de ser juzgado por un juez “independiente” (artículo 8.1 de la Convención Americana) y que todo Estado respete la independencia judicial, a pesar de las limitaciones inherentes a la función judicial.

Reparaciones

La Corte ordenó al Estado de Chile: a) realizar la publicación de la sentencia y su resumen oficial; b) suprimir el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales; y c) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos.

Resumen de la sentencia disponible en: https://bit.ly/3ez1PzL

Comunicado de la CorteIDH sobre el fallo disponible en: https://bit.ly/352tmGP

Sentencia completa disponible en: https://bit.ly/357ibwG