Un centenar de jueces y juezas provenientes de casi todo el territorio se reunieron en La Serena desde el pasado 28 de octubre y por espacio de tres días en la capital de la IV Región para abordar temas como la evaluación del desempeño; la carrera judicial; el control ético y la reforma procesal civil en un grato ambiente de camaradería y que se efectuó en las dependencias de la Caja de Compensación Los Andes, con un acto inaugural al que asistieron numerosas autoridades encabezadas por el Presidente de la Excma. Corte Suprema, Milton Juica.

Como es habitual, los asistentes se organizaron en comisiones abocadas al debate de los temas mencionados y los informes respectivos fueron conocidos en la Asamblea Plenaria del domingo 30, siendo los principales puntos tratados:

La Comisión de Evaluación del Desempeño de los jueces planteó ante la Asamblea Plenaria que la finalidad de evaluar es mejorar y apoyar la gestión jurisdiccional, sustituyendo el actual modelo de estilo sancionador por un modelo promotor de incentivos que apunten a desarrollar buenas prácticas judiciales y la entrega de herramientas adecuadas para su obtención, teniendo como presupuesto necesario para la permanencia y promoción de los jueces el que una evaluación deficiente debe implicar un proceso tendiente a la superación de las deficiencias detectadas, brindando al juez los apoyos necesarios para ello y sólo en el evento de que ello no prospere se abra la posibilidad de aplicar una sanción, pero contemplada en un catálogo previamente establecido. Asimismo, hubo consenso en que no debiera ser evaluado el contenido de la decisión jurisdiccional ni la vida privada de los magistrados.

Respecto del órgano encargado de la evaluación, se mantuvo la idea original de la Convención Nacional de Valdivia en orden a que sea un ente autónomo e independiente separado de la estructura jurisdiccional e integrado mayoritariamente por jueces.

En cuanto a lo propuesto por la Comisión de Carrera Judicial, hubo consenso en la Asamblea en torno a la idea de que el juez debe sujetarse a la Constitución y la ley como presupuesto esencial del ejercicio de la jurisdicción en un estado democrático de derecho al servicio de los derechos fundamentales de las personas y cualquier propuesta de reforma organizacional debiera buscar la funcionalidad del diseño al ejercicio independiente y oportuno del servicio de justicia; lo que implica que debe buscarse un modelo en que la función del juez sea lo relevante y por tanto garantice las condiciones de fallar el caso con sujeción a la Constitución y la ley, sin interferencias internas o externas, dejando atrás la expresión “carrera” para avanzar hacia la configuración de un “Estatuto Profesional del Juez”, concepto que comprende todos los aspectos considerados ineludibles para el operador que desarrolla la función judicial y, tal como se abordó en asambleas anteriores, el desplazamiento como consecuencia del desarrollo profesional del juez se logra por la antigüedad en la categoría, acreditación de la capacitación y resultado de sus evaluaciones de desempeño, lo que en la práctica ha de traducirse, según se discutió, en que este “estatuto” opere como un motor de profesionalización en el que la capacitación adquiere relevancia como método para introducir calidad al sistema.

La Comisión de Control Ético y Disciplinario en tanto, expuso que los deberes de los jueces no son incompatibles con sus derechos fundamentales y que las exigencias disciplinarias deben estar por tanto en directa relación con los bienes inherentes a la función de juzgar, debiendo contemplar el régimen disciplinario las garantías básicas del debido proceso constatándose que en la actualidad este no se presenta en el acta 129 de la Corte Suprema, no bastando por tanto el perfeccionamiento de la citada acta, sino que se requiere una reforma al COT que pase necesariamente de un procedimiento sancionatorio inquisitivo a uno acusatorio en que se respete el contradictorio y el derecho a la defensa técnica como ampliación fundamental del debido proceso y finalmente porque la investigación de los hechos debe estar siempre separada del sancionatorio. Así también se instó por la tipificación de las conductas con ciertos grados de determinación, que permitan al juez anticiparse a la posibilidad del reproche estableciéndose siempre como limite a cualquier apertura típica el respeto a la esfera de la intimidad del juez, derecho a asociarse, a reunirse y de libertad de expresión, teniendo como base los principios de inamovilidad y proporcionalidad de la sanción en relación a la conducta reprochable. Así también se promovió la exigencia mínima de la prescripción que sea proporcional a la gravedad del hecho cometido.

La Asamblea aprobó asimismo la idea de estudiar la creación de un fondo solidario o seguro especial para que asociados envueltos en proceso sancionatorio y acción constitucional que se quiera cuenten con defensa técnica gratuita, mandatando al Directorio para ello y establecimiento como plazo marzo de 2012 para la entrega del estudio respectivo. Finalmente, se reiteró la necesidad de derogar el recurso de queja.

En último término, la Comisión de Reforma Procesal Civil planteó una serie de presupuestos deseables como base para la postura que la ANM promoverá en el marco de dicha iniciativa, con el interés de que la Asociación sea incorporada a la actual comisión asesora que discute el anteproyecto de código procesal civil y que en algún momento debiera abordar la parte orgánica de la futura justicia procesal civil. Los planteamientos aprobados por la Asamblea giraron en torno a los principios de una pronta y cumplida justicia en función de la complejidad de las controversias; inmediación; fundamentación de las decisiones y lenguaje inteligible para la ciudadanía; correcta aplicación de la ley y consolidación del principio de buena fe en la litigación, desterrando prácticas desleales o dilatorias.

Sobre la des-judicialización del juicio ejecutivo, se planteó la necesidad de que exista un oficial de ejecución –funcionario público- para el estudio de los títulos ejecutivos y autorización de embargos, realización de bienes y pago de créditos siempre que no exista oposición del ejecutado o denuncia de irregularidad de la gestión, casos en que debe entregarse la resolución al juez. Así también se instó por la necesidad de que exista un estudio técnico de carga de trabajo en tribunales reformados y normal duración de los juicios, centrando la capacitación de los jueces conforme al mérito del avance del proyecto con foco en instituciones capaces de formar al magistrado en técnicas de interrogación y argumentación oral de la controversia, así como la dirección del debate, entre otros.

Finalmente, se aprobó la creación de una comisión gremial integrada por representantes de cada asociación regional que realizará dos mesas redondas antes de la próxima Convención; la primera de ellas para abordar la estructura y eventual tramitación del proyecto y la segunda con la comunidad académico-jurídica para abordar el perfil del juez, medidas cautelares y su protección; procedimientos especiales y el sistema de recursos. La comisión se reunirá durante 2012 y expondrá sus conclusiones en la próxima Convención de Talca.

En otro ámbito, la Asamblea oyó y aprobó la cuenta del Instituto de Estudios Judiciales y el resultado de la Encuesta de Balance Social 2010, aprobándose para esta última la inclusión de un delegado por Regional, capacitación y su inclusión en la próxima convención.