El Presidente de la ANMM, juez Mauricio Olave, se refiere hoy en El Mercurio a las propuestas de la Convención Constitucional que establecen límites a la duración del cargo de juez, contrariando con ello las prevenciones y recomendaciones de diversos órganos y personeros internacionales en clave de DDHH.
El Presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), juez Mauricio Olave, destaca hoy en El Mostrador las ideas centrales contenidas en las iniciativas conocidas hasta ahora e ingresadas a trámite en la Convención Constitucional que dicen relación con nuestro sistema de justicia.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), en relación con la crisis que mantiene a cerca de 40 mil niños, niñas y adolescentes -NNA- con medida de protección decretada por un tribunal sin representación jurídica por abogado o abogada frente al sistema de justicia de Familia, declara lo siguiente:
1.- La judicatura especializada adscrita a esta organización gremial y nucleada en su Comisión de Infancia y Familia, ha formulado reiteradamente llamados a la autoridad y poderes colegisladores advirtiendo sobre la escasa oferta de curadores ad litem capaces de asumir la representación de un grupo creciente de NNA y el efecto de esta carencia en la defensa de sus derechos por no contar con representación jurídica en número, experticia y calidad que permita asumirla;
2.- Lamentablemente y pese a nuestras advertencias, efectuadas al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Justicia, autoridades del nuevo servicio; en el seno de la Comisión Especial de Infancia de la Cámara y a su turno del Senado durante la tramitación de sendos proyectos de ley y finalmente expuesta en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación se mantiene;
3.- En efecto, aún tras la entrada en vigor de la ley 21.302 y la eliminación de la oferta de curadores ad litem por el Nuevo Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia, Chile sigue sin contar con una ley de garantías de derechos de la Niñez, que tal como hemos señalado anteriormente, es la necesaria “obra gruesa” o superestructura que debiera recoger los principios fundantes de toda la regulación local en materia de infancia.
Nuestro Estado parece estar ciego y sordo frente a la niñez vulnerada y se acerca peligrosamente a tener que responder internacionalmente por el incumplimiento de tales obligaciones.
Por todo lo anterior, requerimos a las autoridades competentes: 1) Que se adopten de manera urgente las medidas suficientes para restablecer cuanto antes el pleno respeto de los derechos vulnerados de miles de niños, niñas y adolescentes ante los tribunales de familia; y 2) La creación de una Defensoría de Representación Jurídica de la Niñez y Adolescencia gratuita, autónoma y que cumpla con los estándares internacionales al efecto y todo ello sin perjuicio de que, en lo inmediato, se asegure la adecuada representación jurídica de NNA a través de la dotación de curadores ad litem en número y preparación profesional suficiente como lo exige nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Directorio de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (ANMM) comunica que, con fecha 29 de julio de 2021, se reunió de manera extraordinaria y procedió a aceptar la renuncia de la Directora Sra. María Francisca Zapata García, cese que alcanza también a todo cargo o posición al interior de la institución.
Esta asociación agradece su entrega y compromiso asociativo
durante el tiempo que sirvió su cargo y le desea éxito en todo futuro
emprendimiento.
La ANMM comunicará oportunamente la manera en que su
Directorio quedará constituido, para el cumplimiento de todos los efectos reglamentarios
y legales.
Intensa resultó esta semana para la actividad gremial en el Congreso, ya que respondiendo a diversas invitaciones tanto de la Cámara como del Senado, la dirigencia se desplegó como es ya habitual para ofrecer opinión técnica sobre proyectos de ley actualmente en tramitación atingentes, en los que los legisladores han considerado necesario oír la voz de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM).
La semana inició el lunes con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley Nº14.908, Sobre abandono de familia, pago de pensiones alimenticias y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14077-18) ante la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, en la que intervino la jueza de Familia Verónica Vymazal, debate que prosiguió al día siguiente y sesión a la que se conectó el asociado Sergio Henríquez, actual secretario del Juzgado de Letras de Quilpué, también en representación de la Comisión de Infancia.
Prácticamente en paralelo, al mediodía del martes fue el turno de la Directora y jueza de Familia Natasha García, quien compareció ante la Comisión de Constitución del Senado abocada a la discusión del proyecto de ley “de reforma integral al sistema de adopción en Chile”, en segundo trámite constitucional (Boletín n° 9119-18) y que data de octubre de 2013.
Por la tarde en tanto, el Presidente Mauricio Olave asistió telemáticamente a la Comisión de Constitución de la Cámara, en sesión para proseguir la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido, en segundo trámite constitucional, que “Reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”, (Boletines n° 13752-07 y 13651-07), iniciativa en la que la ANMM intervino durante prácticamente toda su tramitación y que en la jornada inició con la revisión de las indicaciones ingresadas en la víspera, casi en su totalidad del Ejecutivo.
Tras la sesión, el dirigente destacó la importancia del papel que juega la institución y que releva su rol en la sociedad civil: “Esta semana ha proseguido la labor del gremio a través de sus representantes en apoyo del trabajo legislativo, con base en los estudios y opiniones que formulan sus comisiones y departamentos, hecho que ya es habitual para parlamentarias y parlamentarios en los proyectos en los que el conocimiento del sistema de justicia desde su operación puede ser crucial para la discusión”.
“Dispares estadísticas” hacen necesario que Poder Judicial y Ministerio Público crucen datos, señala una petición hecha al Presidente de la Corte Suprema.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, (ANMM), pidió hoy la elaboración de un informe actualizado y que con datos del Poder Judicial y el Ministerio Público determine con exactitud la situación procesal en que se encuentran las personas imputadas por su participación en hechos ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019.
La petición fue explicada esta mañana al Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, por el titular del gremio y juez penal Mauricio Olave, quien a la salida del encuentro señaló que le manifestó a la autoridad “la necesidad de que sean el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes mantienen las estadísticas de todos los delitos que se comenten en Chile y que son conocidos por los tribunales, quienes entreguen un catastro detallado de tales detenciones”.
“Nos parece necesario que se sepa cuál ha sido la misión y la labor que han cumplido juezas y jueces de garantía y orales en lo penal en este período y que se determine con precisión el número de personas que se encuentran en prisión preventiva y a la espera de un juicio si es el caso”, expresó el dirigente.
Finalmente, y en relación con el resultado de la petición, Olave dijo que “esperamos que esto pueda ser debatido al interior del Pleno del Máximo Tribunal y que pueda pedírsele al Ministerio Público el cruce de información que permita a la ciudadanía tener una visión panorámica correcta de un tema muy sensible y que nos preocupa”, dijo el dirigente.
Santiago, 14 de julio de 2021.-
