La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), en relación con la crisis que mantiene a cerca de 40 mil niños, niñas y adolescentes -NNA- con medida de protección decretada por un tribunal sin representación jurídica por abogado o abogada frente al sistema de justicia de Familia, declara lo siguiente:
1.- La judicatura especializada adscrita a esta organización gremial y nucleada en su Comisión de Infancia y Familia, ha formulado reiteradamente llamados a la autoridad y poderes colegisladores advirtiendo sobre la escasa oferta de curadores ad litem capaces de asumir la representación de un grupo creciente de NNA y el efecto de esta carencia en la defensa de sus derechos por no contar con representación jurídica en número, experticia y calidad que permita asumirla;
2.- Lamentablemente y pese a nuestras advertencias, efectuadas al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Justicia, autoridades del nuevo servicio; en el seno de la Comisión Especial de Infancia de la Cámara y a su turno del Senado durante la tramitación de sendos proyectos de ley y finalmente expuesta en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación se mantiene;
3.- En efecto, aún tras la entrada en vigor de la ley 21.302 y la eliminación de la oferta de curadores ad litem por el Nuevo Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia, Chile sigue sin contar con una ley de garantías de derechos de la Niñez, que tal como hemos señalado anteriormente, es la necesaria “obra gruesa” o superestructura que debiera recoger los principios fundantes de toda la regulación local en materia de infancia.
Nuestro Estado parece estar ciego y sordo frente a la niñez vulnerada y se acerca peligrosamente a tener que responder internacionalmente por el incumplimiento de tales obligaciones.
Por todo lo anterior, requerimos a las autoridades competentes: 1) Que se adopten de manera urgente las medidas suficientes para restablecer cuanto antes el pleno respeto de los derechos vulnerados de miles de niños, niñas y adolescentes ante los tribunales de familia; y 2) La creación de una Defensoría de Representación Jurídica de la Niñez y Adolescencia gratuita, autónoma y que cumpla con los estándares internacionales al efecto y todo ello sin perjuicio de que, en lo inmediato, se asegure la adecuada representación jurídica de NNA a través de la dotación de curadores ad litem en número y preparación profesional suficiente como lo exige nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Directorio de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) efectuó un público llamado al interior del gremio para llenar cinco cargos de Consejero/a del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) de acuerdo con lo que establecen los estatutos de este último y que toca elegir a la asociación. El plazo para postular vence el próximo 22 de noviembre. Los antecedentes deben ser enviados a la casilla contacto@magistrados.cl
Compartimos el registro correspondiente a la exposición completa del Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional el martes 9 de noviembre de 2021, oportunidad en la que expresó la casi total coincidencia del Máximo Tribunal y la ANMM en materias de gobierno judicial (nombramientos, administración, capacitación, sistema disciplinario).
“La verdad es que la Corte Suprema con la Asociación Nacional de Magistrados estamos de acuerdo en prácticamente todo; en que debemos tener una independencia externa e interna y la interna dice relación con la eliminación de la jerarquía -que deberá haber siempre en materia recursiva- pero al sacarnos a nosotros estas atribuciones disciplinarias, de nombramientos, etcétera, indudablemente que la independencia de los jueces va a ser mucho mayor” dijo hoy el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, ante la Comisión de Sistemas de Justicia a la que concurrió.
La autoridad fijó así el curso de su intervención ante
las y los convencionales, tiempo en el que no obstante el riguroso control de
los tiempos, se le vio distendido frente a las preguntas que sucedieron a la
primera parte de su exposición, en la que se dedicó a describir el “estado de
las cosas”, rol actual y principales desafíos del Poder Judicial en el contexto
del proceso constituyente, reiterando en diversas oportunidades que el Máximo
Tribunal había ya adherido a la idea de abocarse sólo a lo jurisdiccional, tal
como el Tribunal Pleno concluyó en sus últimas jornadas de reflexión.
“Es una buena noticia para Chile. Se confirma la
coincidencia entre la Corte Suprema y nuestra posición en torno a la necesidad
de que los tribunales se aboquen exclusivamente a lo jurisdiccional y abandonen
las labores de gobierno (administración) para entregárselas a otros órganos
autónomos y de rango constitucional, lo que le asegurará a las personas contar
con jueces verdaderamente independientes”, dijo tras escuchar al alto
magistrado el juez Mauricio Olave, Presidente de la Asociación Nacional de
Magistradas y Magistrados.
A continuación reproducimos una selección con los
principales pasajes de la jornada de esta mañana:
Separación de funciones
“Nosotros tratamos de ser lo más objetivos en estos aspectos
(nombramientos, calificaciones, conocimiento de asuntos disciplinarios, administración);
no nos hemos ceñido sólo a lo que señala el Código Orgánico de Tribunales […] y
a través de “actas” hemos ido evolucionando en esto, pero un aspecto esencial es que la Corte Suprema
está de acuerdo todas estas actividades salgan y nos dejen únicamente con las
materias jurisdiccionales y que todos estos sistemas pasen a otro u otros
órganos, cualquiera sea el nombre que se les quiera dar y eso nos
dejaría muy tranquilos […] que nos dejen exclusivamente dedicados a lo
jurisdiccional que es la tarea principal nuestra. Perdemos el tiempo en cosas administrativas y de gestión
que la verdad es que no nos corresponden. Creo que mejoraría mucho el
Poder Judicial si nos dedicáramos sólo a lo jurisdiccional.”
Eliminación de la jerarquía y la carrera; régimen disciplinario
y Corte Suprema
“La
verdad es que la Corte Suprema con la Asociación Nacional de Magistrados estamos
de acuerdo en prácticamente todo; en que debemos tener una independencia
externa e interna y la interna dice relación con la eliminación de la jerarquía
-que deberá haber siempre en materia recursiva- pero al sacarnos a nosotros
estas atribuciones disciplinarias, de nombramientos, etcétera, indudablemente
que la independencia de los jueces va a ser mucho mayor; es la aspiración de ellos y la
Corte Suprema es muy cuidadosa de la independencia de los jueces, a diferencia
de lo que era antes. Yo llevo 50 años en el Poder Judicial y es increíble el
cambio que hemos experimentado con el curso del tiempo. Ya muchas prácticas se
han dejado de lado y hoy estamos funcionando mucho mejor que antes.”
Control de convencionalidad
“En esta materia lo que más nos interesa es que se delimiten
bien las competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional; que
no se vuelva a vivir lo que vivimos hace un año y medio o dos años. Fue muy incómodo
[…] Esas situaciones en que el Tribunal Constitucional nos paralizó causas por
uno o dos años.”
Abogados integrantes
“No soy partidario […].
No me gusta el sistema. Lo he vivido desde siempre en mi carrera de juez.
No es conveniente. ¿Cuál es el problema? Cómo se les reemplaza. Porque si se
les reemplaza con jueces del Poder Judicial nos descubrimos los pies para
cubrirnos la cara. Hemos barajado soluciones pero no hemos encontrado una
adecuada […] Hay que ser y parecer; se producen situaciones incómodas. Ojalá se
genere un mecanismo de reemplazo bueno y coherente.”
Consejos de la magistratura
“Somos partidarios de que nos saquen esas funciones a los jueces;
que pasen a otro organismo. Lo que se dice es que estos Consejos politizan al
Poder Judicial. ¿De qué forma se evita eso? Determinando bien la composición.
Eso va a determinar si se politiza o no el Poder Judicial o cómo quiera
llamársele (sonríe) porque yo se que hay personas a las que nos les gusta que se
llame así. La teoría que prima es que sea una composición mixta con (miembros)
externos e internos, pero tienen que integrarlo jueces y que ojalá lo sean en
su mayoría.”
El pasado martes, representantes del gremio que agrupa a casi el 70% de jueces y juezas del Poder Judicial chileno expusieron durante media hora ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional avalados por 30 años de trabajo sostenido promoviendo cambios en el diseño institucional que sostiene el ejercicio de la función jurisdiccional. Entre aplausos y la mirada atenta de quienes repletaban al mediodía la sala del ex Congreso Nacional, revisamos aquí los puntos altos de un histórico día que terminaría con la presentación del documento “Jurisdicción y Nueva Constitución”.
Habían llegado media hora antes a la otrora sede capitalina
del Poder Legislativo sabiendo contarían con sólo 10 minutos para sintetizar
cientos de páginas escritas desde que la independencia interna –cuya cara
principal es la pretendida imparcialidad de quien juzga como garantía para las
personas- comenzara a hacerse visible desde el retorno de la democracia como una
cuestión cada vez más apremiante para las nuevas generaciones de juezas y
jueces.
“Tenemos un problema” partió diciendo el Presidente de la
Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Mauricio Olave con una
certera descripción de cómo la actual jerarquía y verticalidad de las
relaciones impactan al interior de la judicatura entre jueces “superiores y subalternos”.
Le siguió la Vicepresidenta, Verónica Vymazal, con una panorámica
de las bases fundantes sobre las que debiera sustentarse constitucionalmente la
función, y así fueron alternándose hasta el final, en que las preguntas de las y
los convencionales se sucedieron contra el reloj bajo la conducción del
constitucionalista Cristián Viera.
Principios
1) Sujeción del juez al derecho, con el fin de
circunscribir la función jurisdiccional al respeto de las reglas que el
ordenamiento crea conforme lo prescrito por la Constitución;
2) Imparcialidad, como garantía básica de la jurisdicción
respetuosa del debido proceso;
3) Paridad en el acceso a los cargos de jueces y juezas;
4) Inamovilidad de jueces y juezas mientras dure su buen
comportamiento, acompañada de un robusto sistema de responsabilidad
administrativa;
5) Intangibilidad de las remuneraciones de jueces y juezas,
para impedir que éstas queden expuestas a caprichos, arbitrariedades o
extorsiones por parte del poder político;
6) Independencia externa e interna en el ejercicio de la
función jurisdiccional como condición esencial para su realización.
Retomó Olave recordando la redacción del artículo 82 de la
Constitución que le otorga a la Corte Suprema -y por su intermedio a las Cortes
de Apelaciones- y la necesidad de que la judicatura se caracterice por unas
relaciones en su interior libres de todo atisbo de jerarquía, como prescribe la
Constitución italiana y el propio mensaje del proyecto de ley enviado en abril
pasado por el Ejecutivo.
Enseguida citó las críticas que el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte, han efectuado a Chile por
mantener un diseño institucional que no favorece la existencia del juez imparcial
como derecho fundamental, en línea con diversos instrumentos del derecho
internacional.
“El cambio que proponemos, si bien copernicano para Chile,
en la mirada comparada ajusta nuestro país a la mejor experiencia internacional
en torno a la estructura judicial” señaló el dirigente.
Prosiguió relevando la necesidad de eliminar por lo derecho
el artículo 82° para entregar tales las facultades a uno o más órganos de rango
constitucional, con autonomía, paridad de género y composición mixta entre miembros
no judiciales y jueces, proponiendo que estos últimos primen elegidos/as periódicamente
por sus pares a objeto de evitar que se repliquen las prácticas actuales.
Finalmente, pidió a la Convención que de directrices claras
al legislador en materia de nombramientos, proceso que en opinión del gremio
debiera fundarse en el mérito, en la transparencia y publicidad del mismo y en
la paridad de acceso para hombres y mujeres a los diferentes cargos judiciales.
Lo propio hizo en cuanto al sistema de responsabilidad de
juezas y jueces los jueces y las juezas, que para el dirigente basarse en un justo
y racional procedimiento administrativo, “debiendo el legislador establecer con
claridad las conductas funcionarias prohibidas para los jueces y juezas y
sanciones proporcionales a las faltas cometidas”, expresó Olave.
Terminada la primera parte, la sesión dio lugar a las
preguntas de la Comisión, cuyos principales pasajes destacamos a continuación:
Justicia y pueblos originarios, convencional Natividad
Llanquileo
“Creemos que la justicia ancestral y el reconocimiento en
una nueva Constitución de un sistema plurinacional debe ser respetuoso del
Convenio 169 que establece tal reconocimiento. No consideramos que esto
expropie nuestras facultades”. (V. Vymazal)
Pronunciamientos internacionales, convencional Christian
Viera
“En 2017 esta asociación concurrió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y explicó cómo el diseño
institucional jerarquizado afecta la independencia interna […]. Esto es anómalo
y no pasa en ninguna otra parte del mundo”. (M. Olave)
Edad de jubilación e inamovilidad, convencional Christian
Viera
“Lo importante para nosotros es la garantía de inamovilidad
mientras dure el buen comportamiento, con la contraparte de un fuerte sistema
de control administrativo y siempre pensando en que todos los jueces somos
responsables de las resoluciones que adoptamos y así debiera quedar en la
Constitución”. (M. Olave)
Nombramientos, convencional Ruggero Cozzi
“El sistema actual de selección no es transparente y las
resoluciones no son fundadas […]. Debe establecer criterios objetivos de
selección pasados en mérito, capacidad, integridad e imparcialidad y la manera
de controlar esto es a través de un sistema transparente de selección y
motivado en las resoluciones de este órgano que debe estar separado del Poder
Ejecutivo y de las cúpulas del mismo sistema de la judicatura”. (V. Vymazal)
Despolitización y equilibrios, convencional Manuela Royo
“Hay que equilibrar (el órgano de gobierno judicial) porque
si Ud. tiene demasiada intervención política, coopta el aparato. Tenemos la
posibilidad porque hay 122 modelos y podemos mirar el mejor ejemplo y nosotros
estamos dispuestos a colaborar para buscar un buen diseño que equilibre ambas
cosas”. (M. Olave)
Abogados integrantes, Convencional Manuela Royo
“En cuanto a la eliminación de los abogados integrantes; lo
hemos dicho siempre; no es primera vez. Hoy no se justifica. Nadie sabe cómo se
nombran, no hay capacitación, toman decisiones sin responsabilidad, etcétera”.
(M. Olave)
Plurinacionalidad, Convencional Manuela Royo
“Tiene que ver con la forma en que se decida la integración
de este órgano, que puede tener un componente plurinacional de acuerdo al
territorio y eso es una decisión que corresponde al Constituyente al momento de
regular este órgano”. (V. Vymazal)
Jerarquía y carrera, Convencional Mauricio Daza
“Para nosotros lo lógico sería que los jueces sean como dice
el artículo 107 de la Constitución italiana, para que la cultura desancle la
jerarquía que está tan marcada entre nosotros. Hemos promovido entonces la eliminación
de la carrera y que los jueces ganen una remuneración más o menos acorde con la
función […], pero nunca en clave jerárquica”. (M. Olave)
Control difuso, Convencional Andrés Cruz
“Estamos preparados para resolver los conflictos entre
personas y tutelar derechos fundamentales en el sistema que Uds. decidan. Tendremos
que cambiar la cultura pero lo vamos a hacer. Estos jueces tenemos hace 35 años
un Instituto (de Estudios Judiciales), mucho antes de que se creara la Academia
Judicial. Si el desafío es ese, lo haremos”. (M. Olave)
Autonomía financiera, Hugo Gutiérrez
“En cuanto a la autonomía financiera, esta asociación nunca
ha tenido una postura. Lo
que nos interesa por ahora es desanclar la administración del sistema judicial
de cómo está hoy día. Es muy riesgoso para la democracia y para el
sistema judicial que la ingente cantidad de recursos que maneja el sistema
judicial esté a cargo de cinco ministros de la Corte Suprema”. (M. Olave)
Elección popular, Hugo Gutiérrez
“Nosotros no tenemos opinión sobre aquello, pero sí nos
preocupa que termine en un mal venido populismo y tengamos una dificultad en
ese sentido”. (M. Olave)
El Directorio de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (ANMM) comunica que, con fecha 29 de julio de 2021, se reunió de manera extraordinaria y procedió a aceptar la renuncia de la Directora Sra. María Francisca Zapata García, cese que alcanza también a todo cargo o posición al interior de la institución.
Esta asociación agradece su entrega y compromiso asociativo
durante el tiempo que sirvió su cargo y le desea éxito en todo futuro
emprendimiento.
La ANMM comunicará oportunamente la manera en que su
Directorio quedará constituido, para el cumplimiento de todos los efectos reglamentarios
y legales.
