Asociación de Magistrados ante la Convención Constitucional: “En sus manos está el desafío de dotar a Chile de una estructura judicial acorde con el Estado Democrático de Derecho al que aspiramos”

Ver presentación completa ante la Comisión de Sistemas de Justicia

El pasado martes, representantes del gremio que agrupa a casi el 70% de jueces y juezas del Poder Judicial chileno expusieron durante media hora ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional avalados por 30 años de trabajo sostenido promoviendo cambios en el diseño institucional que sostiene el ejercicio de la función jurisdiccional. Entre aplausos y la mirada atenta de quienes repletaban al mediodía la sala del ex Congreso Nacional, revisamos aquí los puntos altos de un histórico día que terminaría con la presentación del documento “Jurisdicción y Nueva Constitución”.

Habían llegado media hora antes a la otrora sede capitalina del Poder Legislativo sabiendo contarían con sólo 10 minutos para sintetizar cientos de páginas escritas desde que la independencia interna –cuya cara principal es la pretendida imparcialidad de quien juzga como garantía para las personas- comenzara a hacerse visible desde el retorno de la democracia como una cuestión cada vez más apremiante para las nuevas generaciones de juezas y jueces.

“Tenemos un problema” partió diciendo el Presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Mauricio Olave con una certera descripción de cómo la actual jerarquía y verticalidad de las relaciones impactan al interior de la judicatura entre jueces “superiores y subalternos”.

Le siguió la Vicepresidenta, Verónica Vymazal, con una panorámica de las bases fundantes sobre las que debiera sustentarse constitucionalmente la función, y así fueron alternándose hasta el final, en que las preguntas de las y los convencionales se sucedieron contra el reloj bajo la conducción del constitucionalista Cristián Viera.

Principios

1) Sujeción del juez al derecho, con el fin de circunscribir la función jurisdiccional al respeto de las reglas que el ordenamiento crea conforme lo prescrito por la Constitución;

2) Imparcialidad, como garantía básica de la jurisdicción respetuosa del debido proceso;

3) Paridad en el acceso a los cargos de jueces y juezas;

4) Inamovilidad de jueces y juezas mientras dure su buen comportamiento, acompañada de un robusto sistema de responsabilidad administrativa;

5) Intangibilidad de las remuneraciones de jueces y juezas, para impedir que éstas queden expuestas a caprichos, arbitrariedades o extorsiones por parte del poder político;

6) Independencia externa e interna en el ejercicio de la función jurisdiccional como condición esencial para su realización.

Retomó Olave recordando la redacción del artículo 82 de la Constitución que le otorga a la Corte Suprema -y por su intermedio a las Cortes de Apelaciones- y la necesidad de que la judicatura se caracterice por unas relaciones en su interior libres de todo atisbo de jerarquía, como prescribe la Constitución italiana y el propio mensaje del proyecto de ley enviado en abril pasado por el Ejecutivo.

Enseguida citó las críticas que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte, han efectuado a Chile por mantener un diseño institucional que no favorece la existencia del juez imparcial como derecho fundamental, en línea con diversos instrumentos del derecho internacional.

“El cambio que proponemos, si bien copernicano para Chile, en la mirada comparada ajusta nuestro país a la mejor experiencia internacional en torno a la estructura judicial” señaló el dirigente.

Prosiguió relevando la necesidad de eliminar por lo derecho el artículo 82° para entregar tales las facultades a uno o más órganos de rango constitucional, con autonomía, paridad de género y composición mixta entre miembros no judiciales y jueces, proponiendo que estos últimos primen elegidos/as periódicamente por sus pares a objeto de evitar que se repliquen las prácticas actuales.

Finalmente, pidió a la Convención que de directrices claras al legislador en materia de nombramientos, proceso que en opinión del gremio debiera fundarse en el mérito, en la transparencia y publicidad del mismo y en la paridad de acceso para hombres y mujeres a los diferentes cargos judiciales.

Lo propio hizo en cuanto al sistema de responsabilidad de juezas y jueces los jueces y las juezas, que para el dirigente basarse en un justo y racional procedimiento administrativo, “debiendo el legislador establecer con claridad las conductas funcionarias prohibidas para los jueces y juezas y sanciones proporcionales a las faltas cometidas”, expresó Olave.

Terminada la primera parte, la sesión dio lugar a las preguntas de la Comisión, cuyos principales pasajes destacamos a continuación:

Justicia y pueblos originarios, convencional Natividad Llanquileo

“Creemos que la justicia ancestral y el reconocimiento en una nueva Constitución de un sistema plurinacional debe ser respetuoso del Convenio 169 que establece tal reconocimiento. No consideramos que esto expropie nuestras facultades”. (V. Vymazal)

Pronunciamientos internacionales, convencional Christian Viera

“En 2017 esta asociación concurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y explicó cómo el diseño institucional jerarquizado afecta la independencia interna […]. Esto es anómalo y no pasa en ninguna otra parte del mundo”. (M. Olave)

Edad de jubilación e inamovilidad, convencional Christian Viera

“Lo importante para nosotros es la garantía de inamovilidad mientras dure el buen comportamiento, con la contraparte de un fuerte sistema de control administrativo y siempre pensando en que todos los jueces somos responsables de las resoluciones que adoptamos y así debiera quedar en la Constitución”. (M. Olave)

Nombramientos, convencional Ruggero Cozzi

“El sistema actual de selección no es transparente y las resoluciones no son fundadas […]. Debe establecer criterios objetivos de selección pasados en mérito, capacidad, integridad e imparcialidad y la manera de controlar esto es a través de un sistema transparente de selección y motivado en las resoluciones de este órgano que debe estar separado del Poder Ejecutivo y de las cúpulas del mismo sistema de la judicatura”. (V. Vymazal)

Despolitización y equilibrios, convencional Manuela Royo

“Hay que equilibrar (el órgano de gobierno judicial) porque si Ud. tiene demasiada intervención política, coopta el aparato. Tenemos la posibilidad porque hay 122 modelos y podemos mirar el mejor ejemplo y nosotros estamos dispuestos a colaborar para buscar un buen diseño que equilibre ambas cosas”. (M. Olave)

Abogados integrantes, Convencional Manuela Royo

“En cuanto a la eliminación de los abogados integrantes; lo hemos dicho siempre; no es primera vez. Hoy no se justifica. Nadie sabe cómo se nombran, no hay capacitación, toman decisiones sin responsabilidad, etcétera”. (M. Olave)

Plurinacionalidad, Convencional Manuela Royo

“Tiene que ver con la forma en que se decida la integración de este órgano, que puede tener un componente plurinacional de acuerdo al territorio y eso es una decisión que corresponde al Constituyente al momento de regular este órgano”. (V. Vymazal)

Jerarquía y carrera, Convencional Mauricio Daza

“Para nosotros lo lógico sería que los jueces sean como dice el artículo 107 de la Constitución italiana, para que la cultura desancle la jerarquía que está tan marcada entre nosotros. Hemos promovido entonces la eliminación de la carrera y que los jueces ganen una remuneración más o menos acorde con la función […], pero nunca en clave jerárquica”. (M. Olave)

Control difuso, Convencional Andrés Cruz

“Estamos preparados para resolver los conflictos entre personas y tutelar derechos fundamentales en el sistema que Uds. decidan. Tendremos que cambiar la cultura pero lo vamos a hacer. Estos jueces tenemos hace 35 años un Instituto (de Estudios Judiciales), mucho antes de que se creara la Academia Judicial. Si el desafío es ese, lo haremos”. (M. Olave)

Autonomía financiera, Hugo Gutiérrez

“En cuanto a la autonomía financiera, esta asociación nunca ha tenido una postura. Lo que nos interesa por ahora es desanclar la administración del sistema judicial de cómo está hoy día. Es muy riesgoso para la democracia y para el sistema judicial que la ingente cantidad de recursos que maneja el sistema judicial esté a cargo de cinco ministros de la Corte Suprema”. (M. Olave)

Elección popular, Hugo Gutiérrez

“Nosotros no tenemos opinión sobre aquello, pero sí nos preocupa que termine en un mal venido populismo y tengamos una dificultad en ese sentido”. (M. Olave)

Amplio despliegue gremial en el Congreso esta semana

Amplio despliegue gremial en el Congreso esta semana

Intensa resultó esta semana para la actividad gremial en el Congreso, ya que respondiendo a diversas invitaciones tanto de la Cámara como del Senado, la dirigencia se desplegó como es ya habitual para ofrecer opinión técnica sobre proyectos de ley actualmente en tramitación atingentes, en los que los legisladores han considerado necesario oír la voz de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM). La semana inició el lunes con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley Nº14.908, Sobre abandono de familia, pago de pensiones alimenticias y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14077-18) ante la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, en la que intervino la jueza de Familia Verónica Vymazal, debate que prosiguió al día siguiente y sesión a la que se conectó el asociado Sergio Henríquez, actual secretario del Juzgado de Letras de Quilpué, también en representación de la Comisión de Infancia. Prácticamente en paralelo, al mediodía del martes fue el turno de la Directora y jueza de Familia Natasha García, quien compareció ante la Comisión de Constitución del Senado abocada a la discusión del proyecto de ley “de reforma integral al sistema de adopción en Chile”, en segundo trámite constitucional (Boletín n° 9119-18) y que data de octubre de 2013. Por la tarde en tanto, el Presidente Mauricio Olave asistió telemáticamente a la Comisión de Constitución de la Cámara, en sesión para proseguir la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido, en segundo trámite constitucional, que “Reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”, (Boletines n° 13752-07 y 13651-07), iniciativa en la que la ANMM intervino durante prácticamente toda su tramitación y que en la jornada inició con la revisión de las indicaciones ingresadas en la víspera, casi en su totalidad del Ejecutivo. Tras la sesión, el dirigente destacó la importancia del papel que juega la institución y que releva su rol en la sociedad civil: “Esta semana ha proseguido la labor del gremio a través de sus representantes en apoyo del trabajo legislativo, con base en los estudios y opiniones que formulan sus comisiones y departamentos, hecho que ya es habitual para parlamentarias y parlamentarios en los proyectos en los que el conocimiento del sistema de justicia desde su operación puede ser crucial para la discusión”.

Jueces piden que se elabore un catastro detallado de personas imputadas por delitos ocurridos durante el estallido social

“Dispares estadísticas” hacen necesario que Poder Judicial y Ministerio Público crucen datos, señala una petición hecha al Presidente de la Corte Suprema. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, (ANMM), pidió hoy la elaboración de un informe actualizado y que con datos del Poder Judicial y el Ministerio Público determine con exactitud la situación procesal en que se encuentran las personas imputadas por su participación en hechos ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019. La petición fue explicada esta mañana al Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, por el titular del gremio y juez penal Mauricio Olave, quien a la salida del encuentro señaló que le manifestó a la autoridad “la necesidad de que sean el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes mantienen las estadísticas de todos los delitos que se comenten en Chile y que son conocidos por los tribunales, quienes entreguen un catastro detallado de tales detenciones”.Nos parece necesario que se sepa cuál ha sido la misión y la labor que han cumplido juezas y jueces de garantía y orales en lo penal en este período y que se determine con precisión el número de personas que se encuentran en prisión preventiva y a la espera de un juicio si es el caso”, expresó el dirigente. Finalmente, y en relación con el resultado de la petición, Olave dijo que “esperamos que esto pueda ser debatido al interior del Pleno del Máximo Tribunal y que pueda pedírsele al Ministerio Público el cruce de información que permita a la ciudadanía tener una visión panorámica correcta de un tema muy sensible y que nos preocupa”, dijo el dirigente. Santiago, 14 de julio de 2021.-
Jueces, fiscales y defensores piden a justicia sobredotación legal para enfrentar acumulación de causas por la pandemia

Jueces, fiscales y defensores piden a justicia sobredotación legal para enfrentar acumulación de causas por la pandemia

Dirigentes de los tres gremios se reunieron hoy con el ministro Hernán Larraín y plantearon necesidad de que se legisle para incorporar personal adicional.

Sobredotación por vía legal para enfrentar la acumulación de causas en las materias penales, civiles, laborales y de familia a consecuencia de las restricciones sanitarias es lo que pidieron hoy al mediodía representantes de las asociaciones de magistrados; de fiscales y de defensores penales al ministro de Justicia Hernán Larraín en un encuentro virtual al que asistieron los dirigentes Mauricio Olave, Francisco Bravo y Peter Sharp, respectivamente.

El juez Olave, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, señaló que “a mediados de marzo explicitamos nuestra preocupación porque el Ejecutivo ingresara un proyecto de fácil despacho que dispusiera el nombramiento de juezas y jueces transitorios/as para poner al día el trabajo acumulado y eso es lo que hoy reiteramos a la autoridad pensando en todas las materias; no sólo penal”.

Pero para el dirigente no es sólo un tema de recursos y personas.

“Nos preocupa que a esa judicatura se le capacite previamente pues se requieren competencias específicas dependiendo de la materia de que se trate, y es un estándar de derechos fundamentales que las personas que acceden al sistema vean sus causas conocidas y resueltas por profesionales con la idoneidad suficiente para no ver afectados sus derechos”, dijo Olave.

Similar preocupación comparten los demás gremios del sector justicia, para quienes la sobredotación también es apremiante conforme avanza la recuperación de la “normalidad” a los niveles previos a la pandemia, cuyas restricciones han dificultado severamente la realización de determinadas actuaciones judiciales.

De acuerdo con lo expresado por Olave al término de la reunión, el ministro Larraín manifestó su disposición a estudiar la solicitud de los gremios. “Nos adelantó que intentaría una reunión con las 3 instituciones (Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría) para abordar el tema”, expresó el dirigente.