Declaración pública

Las cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial: Empleados, Profesionales, Magistrados y Consejeros Técnicos, tras reunirse virtualmente sus representantes, acordaron declarar lo siguiente:

Que manifestamos nuestra molestia por no haber sido acogida hasta la fecha nuestra petición efectuada a la Corte Suprema para que convocara a las mesas de trabajos solicitadas, con participación de estos gremios y con especialistas en salud, a objeto de elaborar protocolos orientados a detallar las condiciones en que se resguarde primero la salud de las personas ante un eventual retorno a las labores presenciales;

Que pese a lo expresado en la víspera por la Sra. vocera de la Corte Suprema, lo sucedido en diversos tribunales del país -cumpliendo instrucciones de las distintas Cortes de Apelaciones- da cuenta de dispares decisiones para el trabajo presencial con aplicación de medidas sanitarias que no garantizan la salud e integridad de las personas, incluidas aquellas dedicadas a labores de notificaciones judiciales y las de aseo y seguridad;

Que así las cosas, los gremios firmantes estaremos atentos y controlaremos que la resolución emanada el 28 de mayo desde el Máximo Tribunal en que se señala expresamente que la video conferencia y el teletrabajo son la manera regular de trabajar, sea cumplida cabalmente por todos los Tribunales del país.

Que dado el avance de la pandemia y todo lo anteriormente dicho, hemos resuelto pedir a la brevedad  una reunión con el señor Presidente de la Corte Suprema a fin de manifestarle nuestra incomodidad por la negativa a dar curso a lo solicitado, desatendiendo el rol que la ley reconoce a estas organizaciones gremiales y solicitar que se definan y uniformen condiciones suficientes para el trabajo seguro dado el evidente riesgo que las labores presenciales representan.

Declaración pública de las asociaciones de magistrados, fiscales y funcionarios de la Defensoría

La Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, en relación con el estado de funcionamiento del sistema de justicia penal y la situación de sus asociados y asociadas en la actual situación de crisis sanitaria por la que atraviesa el país, declara lo siguiente:

1.- Nuestro sistema de justicia penal se ha adaptado con flexibilidad a las nuevas condiciones de funcionamiento, garantizando la continuidad del servicio, que nunca se ha visto interrumpido, utilizando para ello los instrumentos que las tecnologías de la información y el trabajo a distancia brindan.

Esto se ha logrado con la dedicación y el esfuerzo de jueces, fiscales, defensores y de todos los funcionarios y funcionarias de nuestras instituciones. Así, se realizan controles de detención y formalizaciones y múltiples otras audiencias, garantizando el acceso a la justicia, la continuidad de la persecución penal y el debido proceso y los derechos de quienes han sido privados de libertad.

2.- Consideramos necesario seguir aplicando todas las medidas indispensables y urgentes para proteger lo más importante que, es la vida y la salud de los intervinientes en el procedimiento penal, sean estos jueces, fiscales, defensores, víctimas, imputados, testigos y peritos, así como de todos los funcionarios y funcionarias que con su trabajo permiten el funcionamiento del sistema.

Para ello es necesario constituir en forma urgente una mesa de trabajo colaborativo que permita la elaboración de protocolos que definan reglas claras de cómo desarrollar audiencias íntegramente vía remota para paulatinamente retomar el trabajo presencial cuando existan las condiciones para ello; mesa que debe estar compuesta por las autoridades de nuestras instituciones y por representantes de los gremios incumbentes, incluyendo a expertos asesores, al menos, en salud pública y seguridad laboral.

3.- La contingencia sanitaria no nos hace olvidar que es necesario garantizar y hacer valer los principios del debido proceso, evitando cualquier actuación que vaya en desmedro de aquellos que configuran el basamento del proceso penal, el derecho a defensa o las garantías y seguridad de las víctimas.

Nos preocupa especialmente la situación de quienes se encuentran privados de libertad, respecto de quienes se deben adoptar todas las medidas necesarias para resguardar su vida y salud.

Enviamos un saludo fraterno y sororo a todos nuestros asociados y asociadas, en la seguridad de que la cooperación y el diálogo entre quienes integramos nuestras organizaciones contribuirá de manera importante a que salgamos airosos del enorme desafío que estamos enfrentando al tiempo que agradecemos el esfuerzo que han desplegado para mantener activa la labor judicial.

María Soledad Piñeiro Fuenzalida, Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados

Claudio Uribe, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público 

Peter Sharp, Presidente Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública

Asociación de Magistrados emite declaración pública por afectación de rol cautelar de Judicatura de Familia

Una declaración pública en la que expresa su preocupación por diversas medidas en materia de infancia que “no se ajustan a estándares mínimos de protección de derechos e inciden en el rol cautelar de la Magistratura de Familia” emitió hoy la Asociación Nacional de Magistrados.

Ver declaración pública

El texto critica el establecimiento de instancias administrativas -el memorándum 608 y circular 1 del Sename- que en la práctica suponen una evaluación del mérito de decisiones emanadas de los Tribunales de Familia en materia de protección de niños, niñas o adolescentes (NNA), regulaciones que según el gremio están fuera del marco constitucional y legal e interfieren “de manera ilegítima en aquellas atribuciones exclusivas de los Tribunales que ejercen la jurisdicción de familia y son un atentado flagrante y sustancial a los principios de independencia judicial y juez natural”.

Para el gremio “la decisión del servicio señalado (Sename) interfiere de manera ilegítima en aquellas atribuciones exclusivas de los Tribunales que ejercen la jurisdicción de familia y son un atentado flagrante y sustancial a los principios de independencia judicial y juez natural, en manifiesta contravención a la distribución constitucional y legal de competencias judiciales y administrativas”.

Enseguida, se llama la atención respecto del funcionamiento, en calidad de piloto, de la Residencia de Alta Especialidad (RAE) de Providencia, respecto del cual señala que “no cumple los estándares mínimos internacionales en cuanto al tratamiento de niños con complejidades en salud mental, generando vulneraciones a sus Derechos Humanos, objeción que ha sido manifestada en similares términos por su propio referente en salud, el Hospital Luis Calvo Mackenna”.

Finalmente, los jueces hicieron un llamado urgente a las autoridades de las que depende el Sename a “restaurar el imperio del derecho e instar por el respeto de los principios fundamentales antes señalados, dejando sin efecto las aludidas circulares” y a los Ministerios de Justicia y Salud a adoptar las medidas destinadas a superar las deficiencias constatadas.

“Del mismo modo pedimos se adopten las medidas necesarias para que situaciones como el convenio ANI/SENAME no se vuelvan a repetir” finaliza la declaración.

Declaración pública

Hoy, hemos visto cómo la Corte de Apelaciones de Santiago, en resolución de pleno -instancia administrativa y no jurisdiccional- resolvió suspender los efectos de una resolución dictada por el juez de garantía Daniel Urrutia, afirmando que se trata de una “medida preventiva”, lo que necesariamente nos lleva a entender que sólo ha tenido a la vista lo dispuesto en el Acta n°15-2018 de la Corte Suprema, única normativa que permite esa figura, que por lo demás ha sido cuestionada en su legalidad por esta Asociación. Sorprende que, a pesar de fundar su resolución en dicha Acta, olvidan lo que expresamente dice la misma en su artículo 4°: “Resoluciones no impugnables por vía disciplinaria. No procederá abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas.” .

Pero eso no es lo más grave, sino la severa afectación a la independencia judicial interna. Incluso el recurso de queja, tantas veces objetado por este gremio precisamente por su incidencia en debilitar la independencia interna, exige que sea la parte agraviada quien lo interponga. ¿Qué debemos esperar de este tipo de decisiones? ¿Qué juezas y jueces deban solicitar aquiescencia del superior antes de resolver?

Incluso, de operar las reglas del Código Orgánico de Tribunales, que permiten de oficio investigación disciplinaria, debe aplicarse un debido proceso antes de resolver y ello no puede concluir en anular una resolución, ni suspender al afectado en el ejercicio de sus funciones sin ser oído.

Es decir, ni aún en el peor escenario legislativo es posible llegar a una afectación directa a la independencia judicial interna, de la forma en que se ha hecho en esta ocasión.

Las resoluciones que se estimen erróneas, deben ser recurridas por las partes.

Por último, y no menos importante, esta decisión ha preterido el fuero gremial que asiste al juez Urrutia, conforme lo señalado en el artículo 25 de la ley 19.296.

Llamamos al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a anular de oficio la decisión adoptada, permitiendo que operen los canales legales de impugnación.

25 de marzo de 2020.-

Declaración pública

Considerando la emergencia de salud pública provocada por el Covid-19, las recomendaciones uniformes de la autoridad pública, de la Organización Mundial de la Salud y del Colegio Médico de Chile; la progresión vertiginosa del contagio, que ya tiene a dos Tribunales del país cerrados por contagios de su personal y la necesidad de desplegar medidas urgentes para contenerlo a fin de salvaguardar la vida de la población en general y minimizar sus efectos mortales, ANM Chile:

Llama a todo el personal del Poder Judicial y personal subcontratado a realizar cuarentena inmediata sin concurrir a los lugares de trabajo.

Los auxiliares, funcionarios administrativos (as) y jueces (as) en general que no tengan dispuesto a la fecha el sistema de teletrabajo, deberán materializar igualmente la cuarentena.

Quedando el personal a disposición de prestar los servicios urgentes mediante teletrabajo, a condición de estar habilitadas las herramientas necesarias que lo hagan posible, la ausencia a labores presenciales queda justificada, por razones de salud pública y decisión de autoridad.

La forma y oportunidad de resolver las peticiones de extrema urgencia serán coordinadas directamente entre jueces y (as) e intervinientes en caso necesario por los medios tecnológicos que se estimen pertinentes.

Llamamos a los abogados (a) y usuarios (a) a no concurrir a CORTES Y TRIBUNALES y a la autoridad, a decretar con urgencia feriado judicial extraordinario por el mínimo tiempo indispensable para sortear la pandemia.

Santiago, 20 de marzo de 2020.-

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE CHILE

Declaración pública

La Asociación Nacional de Magistrados, en relación con hechos de público conocimiento registrados en los últimos días, declara lo siguiente:

1.- La independencia judicial puede ser socavada desde muchas aristas, pues son múltiples las formas de ejercer presión sobre juezas y jueces;

2.- En noviembre pasado hicimos un enérgico llamado al cese de la violencia que hemos observado en estos momentos convulsos;

3.- Hoy reafirmamos nuestro más categórico rechazo a las amenazas que afectan a jueces y juezas, y en particular, a doña Andrea Acevedo;

4.- Estimamos que cualquier divergencia debe ser resuelta por las vías legales, con apego irrestricto a las garantías constitucionales y derechos humanos;

5.- Nuestra libertad de expresión ha de ejercerse con responsabilidad y respeto;

6.- Y esperamos que las circunstancias en que nos encontramos abran caminos de diálogo intenso, racional, crítico y constructivo que permita mejorar cada institución de Chile que lo requiera, entre ellas el Poder Judicial.

31 de enero de 2020.-