En
relación con los graves hechos de los que dio cuenta ayer un registro
audiovisual captado en la Residencia Familiar Carlos Antúnez a cargo del
SENAME, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados manifiesta
públicamente lo siguiente:
1.-
La situación, que actualmente está siendo investigada por los órganos
pertinentes, es una reiteración del fracaso del sistema proteccional de la
Niñez en Chile, el que pese a los informes nacionales e internacionales que así
lo han constatado, exhibe escasos avances a la fecha;
2.-
Lo ocurrido en la residencia -tal como hemos señalado en distintas sedes a lo
largo de estos años- es muestra de la falta de una mirada integral en la intervención
del Estado a través de todos sus órganos, lo que se ve reflejado en la ausencia
de atención especializada y prioritaria en salud mental de los NNA al cuidado
de estos centros;
3.-
El caso evidencia también la falta de normativa legal, protocolos y pautas de
trabajo al interior del Poder Judicial a nivel institucional, y a nivel de tribunales
de familia, para el abordaje de estas situaciones que constituyen angustiantes e
intolerables manifestaciones de una crisis sin precedentes.
Advertimos
de las graves deficiencias del Estado de Chile en la efectivización de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que sólo puede calificarse como una
“crónica invisibilización de la infancia en Chile”, renovando nuestro llamado a
las autoridades a considerar nuestra opinión y participación en las instancias
interinstitucionales en las que no se nos ha incluido.
Atendidos
los graves hechos ocurridos en una residencia proteccional en la ciudad de
Talcahuano, en donde dos niños aparentemente fueron agredidos por Carabineros
de Chile, con uso de sus armas de fuego ocasionándole lesiones.
Que
lo anterior da cuenta –una vez más- de la grave crisis de la infancia chilena,
cuyas causas multifactoriales, deben ser
abordadas interdisciplinariamente por todas las autoridades e instituciones
llamadas a dar protección a los niños, niñas y adolescentes en territorio
nacional, entre los que nos encontramos los jueces y juezas de familia, en cumplimiento
de nuestro deber tutelar de los derechos humanos de la infancia, teniendo
también fundamentales obligaciones el Ministerio Público, Defensoría Penal
Pública, Sistema de Salud –especialmente salud mental-, SENAME, Carabineros y
PDI.
Bajo
ese entendido y frente a esta grave
crisis de la infancia, es que hacemos un llamado a las autoridades a conformar
una Comisión Nacional Interdisciplinaria
por la infancia chilena, toda vez que el denominado acuerdo nacional por la
infancia y las obligaciones asumidas por el Estado de Chile tras el informe de
Naciones Unidas del año 2018, no han cumplido los fines esperados, de lo que
claramente dan cuenta los hechos mencionados inicialmente. Lo anterior, en todo
caso, fue advertido por la ANMM en sesión temática ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos el 5 de octubre pasado.
Las asociaciones gremiales de empleadas y empleados;
de consejeras y consejeros; profesionales de la administración y de magistradas
y magistrados, todas del Poder Judicial, en relación con el fallo del Tribunal
Pleno de la Corte Suprema dado a conocer hoy por un medio de prensa sobre una
denuncia de conductas de acoso sexual en contra del Administrador Zonal de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial en Copiapó, manifiestan lo
siguiente:
1.-
Rechazamos categóricamente el mensaje que refleja la sentencia en cuestión,
toda vez que advertimos una brutal incongruencia entre la promoción de una
política de igualdad de género y no discriminación y la calificación que el
último tribunal revisor efectúa, al desestimar que expresiones dirigidas hacia
mujeres en el contexto de sus relaciones laborales no constituyan acoso.
2.-
En efecto, violenta pensar que para la Corte Suprema frases como “Yo soy hombre,
para qué te voy a mentir, igual te he mirado el trasero”; “si quiere se lo
calentamos entre todos, es el sueño del pibe”; “te puedo meter el dedo en el
hoyo de la cirugía”; o “esta es la única vez en el año que puedo abrazarlas y
besarlas sin que me acusen de acoso sexual” no reúnan las características de
acoso sexual, en circunstancias de que ninguna de ellas fue solicitada o
consentida.
3.-
Lamentamos que a pesar de los esfuerzos, el trabajo de las mujeres dentro del
Poder Judicial continúa siendo inseguro. Es un medio no exento de actos de
violencia de género, a pesar de los múltiples estudios, recomendaciones
internacionales, campañas e infinidad de charlas y seminarios, sin que haya
podido romperse esta “cultura del acoso sexual” que encuentra terreno fértil en
el diseño institucional de una organización que se caracteriza por la jerarquía
y verticalidad de las relaciones entre “superiores” y “subalternos”.
Nada de lo anterior ha logrado instalar en la
autoridad la conciencia y perspectiva de género que requiere el conocimiento y
juzgamiento de conductas de esta naturaleza.
4.-
La cultura alcanza al derecho, y como personas que integran un sistema de
justicia, esperamos que dicha cultura no sea reproducida.
Queremos estar a la altura de los compromisos asumidos
entre nosotros y con la ciudadanía sobre la erradicación de la violencia de
género en respeto de los derechos humanos de todas las mujeres.
5.-
Por todo lo anterior, exigimos de manera urgente que el Máximo Tribunal
reflexione y revise sus propios compromisos e implemente a la brevedad medidas
eficaces que impidan que pronunciamientos de esta naturaleza se reiteren y revictimicen
a las mujeres afectadas por hechos de acoso, así como a todas las mujeres que
forman parte del Poder Judicial y que hoy continúan expuestas a que se repita
la misma historia de impunidad.
Ante las inaceptables acciones de coacción y puesta en riesgo de la integridad física y psíquica de la fiscal del Ministerio Público Ximena Chong Campusano y la de su familia, declaramos lo siguiente:
1.- Repudiamos toda amenaza, hostigamiento y maltrato dirigido a interferir en el desarrollo de la función del Ministerio Público, valorando la labor que como organismo les ha sido asignada como uno de los pilares esenciales de la institucionalidad creada para la persecución penal en un escenario de protección de derechos de todos los involucrados.
2.- En un estado democrático de derecho, corresponde a la autoridad procurar todos los medios para la íntegra protección de los funcionarios públicos, fortaleciendo la autonomía e independencia de las instituciones que constituyen el sistema de justicia.
3.- Juezas y jueces no hemos estado exentos de este tipo de ataques, los que hemos denunciado y rechazado en su oportunidad. En esta ocasión lamentamos las imputaciones efectuadas al juez Jaime Fuica que no hacen sino crear un ambiente de odiosidad, que en nada aporta a la sana y necesaria discusión sobre las diferencias.
4.- Llamamos a las autoridades a no naturalizar este tipo de acciones adoptando las medidas generales y particulares que permitan eliminarlas.
5.- Hoy más que nunca la reflexión y el respeto deben orientar nuestras acciones, aún estamos a tiempo para terminar con este tipo de situaciones que debilitan la democracia.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), frente a los cuestionamientos a la integridad y trayectoria del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera Muñoz, en el contexto de su nominación por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, declara lo siguiente:
1.- Las
lamentables expresiones de las que ha sido objeto el ministro Mera Muñoz se
alejan inaceptablemente de lo que podrían considerarse legítimas críticas como
parte del natural escrutinio al que se someten los candidatos y las candidatas
que postulan a formar parte de nuestro Máximo Tribunal;
2.- La
investidura de quienes integran la más alta Judicatura de la Nación conlleva
exhibir un desempeño técnico de excelencia como juez vinculado con la función
integradora y unificadora del derecho que está llamada a cumplir la Corte
Suprema, y por ello es esperable que el debate se centre en dichas competencias;
3.-
En
un análisis técnico del derecho, los fallos judiciales, cualquiera que sea la
materia,deben ser apreciados con una perspectiva que considere un
examen integral de estándares, doctrina, principios y normas aplicadas en
momentos distantes cronológicamente; y en el caso particular del fallo del llamado
caso “Los Queñes”, se observa que la decisión no tuvo que ver con un abandono de
la doctrina de los Derechos Humanos como se ha señalado en diversas
publicaciones de prensa y redes sociales, sino con estándares penales, por lo
demás ratificados en segunda instancia y por la Corte Suprema;
4.-
Por
otra parte, la manifestación temprana de la intención de voto de quienes están
llamados a ratificar o rechazar una nominación para integrar la Corte Suprema y
el incentivo o promoción de campañas o “funas” plantean un peligroso escenario
para cualquier magistrado o magistrada que postule a nuestro Máximo Tribunal: de
antemano sabrá que se expone a cuestionamientos que van más allá de sus
competencias profesionales, poniendo en juego su independencia e imparcialidad
conforme con sus eventuales aspiraciones de carrera;
5.-
En
tal sentido, lo ocurrido durante la última semana es demostrativo de un sistema
que ha sido incapaz de ser leal al debate técnico, y por ello insistimos en la
urgente necesidad de que la ciudadanía y órganos colegisladores tomen
conciencia de la relevancia que para nuestra democracia representa la reforma
del sistema de nombramientos en su conjunto para satisfacer los principios que
inspiraron la reforma de 1997, con parámetros objetivos de mérito y
competencias y que se caracterice por un adecuado balance de pesos y contrapesos
entre los poderes intervinientes, con altos niveles de transparencia frente a
la comunidad.
Nuestro país, nuestra democracia y la proximidad del debate constitucional así lo demandan.
