ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS PRESENTÓ DOCUMENTO “JURISDICCIÓN Y NUEVA CONSTITUCIÓN”

ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS PRESENTÓ DOCUMENTO “JURISDICCIÓN Y NUEVA CONSTITUCIÓN”

Con el comentario del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados, Diego García – Sayán, y de la Directora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Flavia Carbonell, fue presentado hoy el documento de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) “Jurisdicción y Nueva Constitución”, texto que sintetiza la posición del gremio en torno a la reforma del Poder Judicial chileno en el contexto del actual proceso constituyente.

Vea y descargue el documento en: https://bit.ly/3mFxc1h

El lanzamiento se efectuó en una actividad realizada en la sede del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) que contó con la presencia de los convencionales constituyentes Manuela Royo, Luis Jiménez y equipos asesores de quienes integran la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

Ambos comentaristas destacaron la oportunidad del lanzamiento del documento, al tiempo que relevaron la coincidencia de sus planteamientos con las recomendaciones de instrumentos del Derecho Internacional y de los propios informes de la relatoría en el caso de García – Sayán, y de la redistribución de facultades no jurisdiccionales hoy radicadas en los tribunales superiores chilenos, como planteó la académica Carbonell.

Tras oírse las exposiciones de García – Sayán y Carbonell, se dio paso a una nutrida ronda de preguntas que abordaron tópicos diversos como la participación de la mujer en la judicatura, plurinacionalidad y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en un nuevo texto constitucional, entre otras temáticas consultadas desde la audiencia.

Vea la transmisión completa en: https://fb.watch/91uh1nFg9f

Conclusiones 39ª Convención

Un centenar de jueces y juezas provenientes de casi todo el territorio se reunieron en La Serena desde el pasado 28 de octubre y por espacio de tres días en la capital de la IV Región para abordar temas como la evaluación del desempeño; la carrera judicial; el control ético y la reforma procesal civil en un grato ambiente de camaradería y que se efectuó en las dependencias de la Caja de Compensación Los Andes, con un acto inaugural al que asistieron numerosas autoridades encabezadas por el Presidente de la Excma. Corte Suprema, Milton Juica.

Como es habitual, los asistentes se organizaron en comisiones abocadas al debate de los temas mencionados y los informes respectivos fueron conocidos en la Asamblea Plenaria del domingo 30, siendo los principales puntos tratados:

La Comisión de Evaluación del Desempeño de los jueces planteó ante la Asamblea Plenaria que la finalidad de evaluar es mejorar y apoyar la gestión jurisdiccional, sustituyendo el actual modelo de estilo sancionador por un modelo promotor de incentivos que apunten a desarrollar buenas prácticas judiciales y la entrega de herramientas adecuadas para su obtención, teniendo como presupuesto necesario para la permanencia y promoción de los jueces el que una evaluación deficiente debe implicar un proceso tendiente a la superación de las deficiencias detectadas, brindando al juez los apoyos necesarios para ello y sólo en el evento de que ello no prospere se abra la posibilidad de aplicar una sanción, pero contemplada en un catálogo previamente establecido. Asimismo, hubo consenso en que no debiera ser evaluado el contenido de la decisión jurisdiccional ni la vida privada de los magistrados.

Respecto del órgano encargado de la evaluación, se mantuvo la idea original de la Convención Nacional de Valdivia en orden a que sea un ente autónomo e independiente separado de la estructura jurisdiccional e integrado mayoritariamente por jueces.

En cuanto a lo propuesto por la Comisión de Carrera Judicial, hubo consenso en la Asamblea en torno a la idea de que el juez debe sujetarse a la Constitución y la ley como presupuesto esencial del ejercicio de la jurisdicción en un estado democrático de derecho al servicio de los derechos fundamentales de las personas y cualquier propuesta de reforma organizacional debiera buscar la funcionalidad del diseño al ejercicio independiente y oportuno del servicio de justicia; lo que implica que debe buscarse un modelo en que la función del juez sea lo relevante y por tanto garantice las condiciones de fallar el caso con sujeción a la Constitución y la ley, sin interferencias internas o externas, dejando atrás la expresión “carrera” para avanzar hacia la configuración de un “Estatuto Profesional del Juez”, concepto que comprende todos los aspectos considerados ineludibles para el operador que desarrolla la función judicial y, tal como se abordó en asambleas anteriores, el desplazamiento como consecuencia del desarrollo profesional del juez se logra por la antigüedad en la categoría, acreditación de la capacitación y resultado de sus evaluaciones de desempeño, lo que en la práctica ha de traducirse, según se discutió, en que este “estatuto” opere como un motor de profesionalización en el que la capacitación adquiere relevancia como método para introducir calidad al sistema.

La Comisión de Control Ético y Disciplinario en tanto, expuso que los deberes de los jueces no son incompatibles con sus derechos fundamentales y que las exigencias disciplinarias deben estar por tanto en directa relación con los bienes inherentes a la función de juzgar, debiendo contemplar el régimen disciplinario las garantías básicas del debido proceso constatándose que en la actualidad este no se presenta en el acta 129 de la Corte Suprema, no bastando por tanto el perfeccionamiento de la citada acta, sino que se requiere una reforma al COT que pase necesariamente de un procedimiento sancionatorio inquisitivo a uno acusatorio en que se respete el contradictorio y el derecho a la defensa técnica como ampliación fundamental del debido proceso y finalmente porque la investigación de los hechos debe estar siempre separada del sancionatorio. Así también se instó por la tipificación de las conductas con ciertos grados de determinación, que permitan al juez anticiparse a la posibilidad del reproche estableciéndose siempre como limite a cualquier apertura típica el respeto a la esfera de la intimidad del juez, derecho a asociarse, a reunirse y de libertad de expresión, teniendo como base los principios de inamovilidad y proporcionalidad de la sanción en relación a la conducta reprochable. Así también se promovió la exigencia mínima de la prescripción que sea proporcional a la gravedad del hecho cometido.

La Asamblea aprobó asimismo la idea de estudiar la creación de un fondo solidario o seguro especial para que asociados envueltos en proceso sancionatorio y acción constitucional que se quiera cuenten con defensa técnica gratuita, mandatando al Directorio para ello y establecimiento como plazo marzo de 2012 para la entrega del estudio respectivo. Finalmente, se reiteró la necesidad de derogar el recurso de queja.

En último término, la Comisión de Reforma Procesal Civil planteó una serie de presupuestos deseables como base para la postura que la ANM promoverá en el marco de dicha iniciativa, con el interés de que la Asociación sea incorporada a la actual comisión asesora que discute el anteproyecto de código procesal civil y que en algún momento debiera abordar la parte orgánica de la futura justicia procesal civil. Los planteamientos aprobados por la Asamblea giraron en torno a los principios de una pronta y cumplida justicia en función de la complejidad de las controversias; inmediación; fundamentación de las decisiones y lenguaje inteligible para la ciudadanía; correcta aplicación de la ley y consolidación del principio de buena fe en la litigación, desterrando prácticas desleales o dilatorias.

Sobre la des-judicialización del juicio ejecutivo, se planteó la necesidad de que exista un oficial de ejecución –funcionario público- para el estudio de los títulos ejecutivos y autorización de embargos, realización de bienes y pago de créditos siempre que no exista oposición del ejecutado o denuncia de irregularidad de la gestión, casos en que debe entregarse la resolución al juez. Así también se instó por la necesidad de que exista un estudio técnico de carga de trabajo en tribunales reformados y normal duración de los juicios, centrando la capacitación de los jueces conforme al mérito del avance del proyecto con foco en instituciones capaces de formar al magistrado en técnicas de interrogación y argumentación oral de la controversia, así como la dirección del debate, entre otros.

Finalmente, se aprobó la creación de una comisión gremial integrada por representantes de cada asociación regional que realizará dos mesas redondas antes de la próxima Convención; la primera de ellas para abordar la estructura y eventual tramitación del proyecto y la segunda con la comunidad académico-jurídica para abordar el perfil del juez, medidas cautelares y su protección; procedimientos especiales y el sistema de recursos. La comisión se reunirá durante 2012 y expondrá sus conclusiones en la próxima Convención de Talca.

En otro ámbito, la Asamblea oyó y aprobó la cuenta del Instituto de Estudios Judiciales y el resultado de la Encuesta de Balance Social 2010, aprobándose para esta última la inclusión de un delegado por Regional, capacitación y su inclusión en la próxima convención.

Conclusiones 40ª Convención Nacional

Hasta la capital de la Región del Maule llegaron más de cien jueces provenientes de todo el país para participar de la 40ª Convención Nacional de Magistrados que por espacio de 3 días reunió a los asociados en torno a la discusión de diversos temas gremiales y a cuya ceremonia de inauguración efectuada en el edificio de la Corte de Apelaciones de Talca el jueves 11, asistieron, entre otras autoridades, el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera y el Ministro Hugo Dolmetch, en representación de la Corte Suprema.

En la jornada del 13 de octubre, el Presidente Leopoldo Llanos hizo una relación con los principales hitos de su gestión, remitiéndose a la Memoria de la Asociación Nacional de Magistrados y que sería puesta a disposición de los asociados, aprobándose por unanimidad la cuenta referida.

Seguidamente, expuso el administrador de la ANM Sr. Alex Alcaíno, quien realizó una completa y detallada presentación acerca de la situación financiera de la institución, con especial énfasis en las partidas, ingresos y egresos, así como del funcionamiento de los centros vacacionales, fondo solidario, fondo de catástrofe, fondo de servicios jurídicos, gastos operaciones y proyección presupuestaria para 2013, entre otras partidas.

Respecto de la decisión que han adoptado asociadas afectadas con la aplicación del postnatal parental de renunciar a la Asociación para no ver disminuidos aún más sus ingresos, se propuso disponer que en lo sucesivo se les reintegren a las juezas aludidas los aportes ordinarios y extraordinarios que se les descontaren mensualmente mientras dure el permiso señalado, la que fue aprobada unánimemente por los presentes.

En tanto, la Regional Antofagasta solicitó una revisión exhaustiva de cada una de las partidas detalladas en el presupuesto, y en especial, la continuidad del servicio de jusrisprudencia online que la institución mantiene vigente y a disposición de los asociados, que los presentes finalmente estuvieron por mantener habida cuenta de su utilidad y calidad respecto de otras bases similares en uso.

Al término de la discusión respecto de la situación financiera de la institución y debido a las consideraciones planteadas por el administrador sobre el déficit proyectado para el próximo ejercicio, por un lado; el congelamiento anotado por el monto de la cuota ordinaria durante al menos la última década, por otro y que dicho guarismo no cumplía con lo establecido por los estatutos de la Asociación, que en su artículo 55º indica que “la cuota ordinaria mensual será determinada por la Convención Nacional Ordinaria del año correspondiente, a propuesta del Directorio Nacional y no podrá ser inferior al cero coma tres por ciento del sueldo líquido del asociado ni superior al uno por ciento de dicho sueldo, una vez que se efectúen los descuentos legales”, se propuso a la asamblea elevar la cuota ordinaria llevándola a un monto que se ubique dentro de la banda que establecen estos estatutos; esto es, un monto que oscilare entre el 0,3% y el 1,0% de la renta líquida de cada asociado.

De esta forma, se votaron 4 propuestas:

1) Mantener la cuota actual; 2) Aumentar la cuota llevándola a un 0,3% parejo para todos los asociados; 3) Aumentar la cuota a un 0,3% por grado y 4) Aumentar la cuota a un 0,4% por grado, siendo esta última la opción por la que se inclinó la mayoría de los presentes, con 35 votos a favor.

Posteriormente y a consulta de algunos asociados sobre el futuro de la cuota extraordinaria -que en la actualidad se destina a servir el crédito contratado para la compra del departamento de Santa Lucía, donde funciona la Casa del Juez- se explicó que reglamentariamente la Asamblea no puede decidir sobre su destino o eliminación pues ello es resorte de la Junta Nacional de Presidentes, no obstante el Presidente saliente señaló que con la nueva cuota recién aprobada podría ese órgano abordar el tema a futuro, quedando para marzo la discusión respecto del 30% que los estatutos señalan debe ser destinado a las Asociaciones Regionales, bajo el nuevo escenario económico que supondrá la recaudación a partir de noviembre (y considerando, además, que la actual cuota que cada Regional cobra no está contemplada en los Estatutos).

Acto seguido, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, oportunidad en que se aclararon además todas sus observaciones, estableciéndose que el balance se encontraba completo, sin mayores comentarios que formular.

Respecto de las comisiones de trabajo formadas al alero de la Convención -Reforma Procesal Civil y Corporación Administrativa del Poder Judicial- expuso en primer término la jueza y asociada Sra. Lidia Poza, quien señaló que en la convención anterior se había acordado abordar el ámbito orgánico de esta reforma, indicando asimismo que se abordó el Rol y Perfil del Juez Civil oyéndose la exposición de un representante del Ministerio de Justicia y quien hizo una presentación sobre el trabajo hasta ahora de la Comisión Orgánica, concluyendo que los principios que inspiran el nuevo procedimiento están claros y que se debe contar con tribunales suficientes y en lugares adecuados debiendo mediar procesos de trabajo eficiente, refiriéndose además a la necesidad de evaluar una nueva estructura de la Academia Judicial a la luz de este nuevo procedimiento.

A continuación se dio la palabra al Sr. Director del Instituto de Estudios Judiciales, ministro Haroldo Brito, quien dio cuenta de la materialización de la compra del nuevo inmueble para su sede ubicado en Av. San Martín, a pasos de la Alameda, tal como se acordó en la Convención anterior en que los asociados autorizaron la venta del antiguo local de calle Tenderini, así como de las dificultades enfrentadas al ocupar la nueva propiedad en junio de 2012, proyecto que demandó una inversión de 460 millones de pesos.

La segunda comisión de trabajo estuvo dedicada a abordar la visión gremial de la CAPJ, respecto de la cual se identificaron una serie de ocurrencias sobre las que los miembros de la instancia manifestaron preocupación, acordándose en definitiva instaurar una comisión permanente que supervigilare el actuar de la Corporación; promover la ampliación de los Consejos Zonales con un integrante elegido por la ANM; solicitar que se establezca un procedimiento de consulta permanente de las decisiones al Escalafón Primario y el perfeccionamiento de las convocatorias y oportunidad de las reuniones, entre otras cuestiones y propuestas planteadas, las que se aprobaron en su totalidad en forma unánime.

En otro ámbito, se aprobó la propuesta de la Regional Temuco de organizar la próxima Convención con sede en la capital de la Araucanía y con una serie de actividades por la zona. Expuso posteriormente el Sr. José Ignacio Rau, quien hizo un recorrido por los hitos del Balance Social durante los últimos 4 años desde la Convención de Valdivia en que se acordó su creación. Dio cuenta de las dificultades enfrentadas y de los desafios propuestos en el evento de que se continuara con ella. Se acordó fuere tema de la próxima Junta Nacional y que continuara con su trabajo con el apoyo del nuevo Directorio.

Finalmente, se propuso restablecer la Comisión de Derechos Humanos, acordándose que el Directorio promovería su reposición de acuerdo con sus  facultades estatutarias. En relación con la nivelación de la asignación de jueces de capital de provincia, la Asamblea estuvo porque el Directorio persistiera en su defensa al igual que en las negociaciones por un eventual incentivo al retiro, pese al relativo desfavorable escenario actual para las pretensiones gremiales.

Al cierre de la Convención, se aprobó suscribir una declaración pública condenando las últimas intervenciones por parte de diversas autoridades de Gobierno que han resultado en una afectación del principio de independencia externa e interna de los jueces, la cual sería difundida el martes siguiente a la clausura de la reunión.