Jueces ordenan inéditas medidas de protección a favor de víctimas invocando Convención contra la Tortura

Resoluciones de magistrados del 13° Juzgado de garantía de Santiago se dieron en el contexto de dos querellas del INDH.

Dos inéditas resoluciones fueron dictadas este mediodía por la jueza Valeria Vega y el juez Eduardo Gallardo, ambos del 13° Juzgado de garantía de Santiago- a favor de tres adultos y un adolescente, respectivamente, objeto de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén, a quienes se prohibió  acercarse a las víctimas en aplicación, entre otras disposiciones, de lo contemplado en el artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El juez del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, magistrado Eduardo Gallardo.

Según explicó el magistrado Gallardo, “si bien se trata de casos similares, el del adolescente K.A.L.G. es especialmente grave pues se trata de un muchacho de sólo 14 años”.

El artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que “Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes”. La misma norma prescribe que “Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado”, las que tanto Vega como Gallardo estimaron ineludible aplicar conforme con el artículo 5° de la Constitución chilena.

En ambos casos, los jueces resolvieron que “los hechos denunciados en la querella son de especial gravedad, los cuales podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado […] (y) que esa sola circunstancia conlleva que las presuntas víctimas se encuentran en especial situación de vulnerabilidad frente a sus eventuales agresores, lo cual justifica, en este caso, que la jurisdicción cautelar intensifique su mandato internacional, constitucional y legal de tutelar los derechos fundamentales”.

Consultados acerca del cumplimiento de las medidas, indicaron que para hacerla efectivas, junto con comunicarlas a la propia unidad y a la Prefectura Oriente de Carabineros, se pidió al Ministerio Público adoptar todos los medios adicionales necesarios para asegurar que se cumpla lo resuelto, además del monitoreo que efectuará el propio INDH.

23 de octubre de 2019.-

Ministro Mario Carroza renunció al Directorio de la Asociación de Magistrados

La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) comunica que con fecha 23 de septiembre de 2019, el actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Mario Carroza, presentó su renuncia al Directorio de la organización gremial en carta dirigida a su Presidenta, Soledad Piñeiro, aduciendo motivos personales y de tiempo para ejercer el cargo.

En virtud de lo anterior y conforme con los estatutos de la ANM, el Directorio procederá a informar el hecho a su Tribunal Calificador de Elecciones a objeto de que éste resuelva y comunique la integración que tendrá su Directiva tras la renuncia, cuyo período expiraba durante el último trimestre del próximo año.

El Director Carroza mantiene su calidad de asociado. La ANM agradece el tiempo que sirvió en el cargo, deseándole éxito en sus emprendimientos.

25 de septiembre de 2019.-

Jueces y Fiscales denuncian al Estado de Chile por exclusión de reajuste al sector público

– Presentación se funda en que la omisión constituye un mecanismo de presión que atenta contra la independencia de magistrados y autonomía de persecutores.

Washington.- Una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron hoy las asociaciones de magistrados y de fiscales, por estimar que la exclusión del reajuste al sector público de la que fueron objeto en 2016 constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de afectados y afectadas.

La acción fue presentada en la sede de la Comisión por la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro Fuenzalida, y su par de los Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe Hernández, acompañados del abogado chileno Ciro Colombara López, previo a un encuentro con la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del tribunal, Soledad García-Muñoz.

Los gremios de jueces y de fiscales decidieron recurrir al Sistema Interamericano de DDHH luego de agotar todas las acciones y recursos ante la justicia ordinaria del país, que intentaron revertir un congelamiento de las remuneraciones que les significó quedar fuera de cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida el año 2016, materia que, de acuerdo con la legislación chilena, se incluye en la discusión de la ley de presupuesto de la Nación en noviembre de cada año.

Para ambas asociaciones, si bien el congelamiento no fue permanente, resulta peligroso que no existan parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes, como que estén sujetos a la contingencia política, por lo que estiman relevante una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a detener este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables.

 24 de septiembre de 2019.-

Comisión del Senado aprobó constituir mesa interinstitucional que abordará proyectos de protección integral y derechos de la infancia

Jueces de Familia presentes en la instancia llamaron a rechazar en todas sus partes el proyecto de ley (Boletín 10.315-18) que establece un sistema de garantías de derechos de la niñez.

Valparaíso, 12 de diciembre. La Comisión Especial del Senado abocada a la tramitación de proyectos relacionados con la infancia aprobó constituir una mesa interinstitucional promovida por la Asociación de Magistrados a la que sumarían legisladores y representantes del Ejecutivo para abordar todas las iniciativas de protección integral y derechos de niños, niñas y adolescentes, ello tras oír la exposición de Juezas de Familia adscritas al gremio que llamaron a rechazar en todas sus partes el texto del boletín 10.315-18 analizado previamente.

Las magistradas Mónica Jeldres y Pamela Lobos, en representación de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, transmitieron la visión consolidada del gremio de jueces con base en los acuerdos de la Convención Nacional desarrollada en octubre pasado y las propuestas de la propia Comisión interna convocada a tal efecto que se dedica a analizar los proyectos de ley actualmente en tramitación relacionados, como el que establece un sistema de garantías de derechos de la niñez y que motivó su comparecencia hoy.

En la sesión estuvieron presentes los senadores Patricio Walker, presidente de la comisión; la senadora Ena Von Baer y los senadores Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y Manuel José Ossandón para abordar la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional. En calidad de invitados asistieron la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, la subsecretaria del Ministerio del Desarrollo Social, Heidi Berner, y la abogada Camila de la Maza, de Corporación Opción.

La jueza de familia Mónica Jeldres manifestó que en el proyecto no se observa una garantía al debido proceso ni representa un mecanismo eficaz de defensa, pues no está garantizado el derecho a defensa en los términos que mandatan los tratados internacionales. “En Chile no existe un abogado especializado, autónomo, gratuito, nacional y de libre elección del niño”, aseveró.

Consultado sobre el escenario que abre el rechazo al proyecto en cuanto a la tramitación del mismo, el juez Pedro Maldonado expresó que “la idea es lograr una ley de garantías inserta en un sistema de protección integral y eso con este proyecto como estaba hoy no se estaba logrando. Para nosotros el punto central es el modelo de protección administrativa; es decir, cambiar de un modelo de protección judicial a uno administrativo sin un contexto claro de derechos y garantías es adoptar un riesgo que no nos parece lógico: tiene que ser sobre la base de un sistema de derechos claramente establecidos”.

La magistrada Jeldres en tanto señaló que “es complejo trabajar en distintos proyectos de ley en distintas comisiones; por lo que propusimos que se constituyera una mesa de trabajo para abordar los temas de protección y derechos de infancia de forma integrada. Estamos ante una dispersión que debe corregirse. Lo que el defensor de la niñez puede hacer sin un sistema de garantías no es mucho”, indicó. A modo de ejemplo, “los niños en el sistema residencial tienen largas permanencias, de cuatro, cinco o siete años y eso ocurre por un letargo en los procesos, que se relaciona con la falta de una defensa letrada que esté revisando la situación”.

A su turno, la jueza de familia Pamela Lobos, recordó que el proyecto en tramitación tenía el propósito original de establecer un sistema de protección y garantías de derechos, aunque tal como está en la actualidad, luego de los estudios desarrollados por la Asociación Nacional de Magistrados, se estima que no alcanza a cumplir este objetivo, por lo que la posición del gremio fue recomendar el rechazo el proyecto de ley en todas sus partes, en atención a que no alcanza los estándares suficientes.

CDE sorprende al negar intangibilidad de sueldos y plantear que Ejecutivo puede “eventualmente reducirlos”

Consejero Rodrigo Quintana refutó posición de Magistrados y Fiscales señalando que reajustabilidad de últimas décadas se debería únicamente a un “escenario económico favorable”.

Una novedosa tesis planteó hoy en su alegato el abogado Rodrigo Quintana en representación del Estado de Chile en la vista de la admisibilidad de un requerimiento deducido por la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) en el que se impugna parte de la ley de presupuesto que dejó fuera de todo reajuste a un millar de jueces: el consejero dijo que -interpretando el artículo 65 N° 4 de la Constitución- el Ejecutivo puede no sólo modificar las remuneraciones, sino que eventualmente reducirlas, descartando a su vez que a jueces y fiscales, como a otros trabajadores del Estado, les asista un derecho adquirido en materia de intangibilidad de remuneraciones.

Vea el video de los alegatos

Las palabras del jurista se dieron hoy en el contexto del alegato que sobre la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por las asociaciones de magistrados y fiscales, respectivamente, y presentaciones separadas, fueron vistas hoy conjuntamente por la segunda sala del Tribunal Constitucional, quedando en acuerdo.

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A su turno, el abogado de la ANM, Ramón Briones Montaldo, planteó que la acción promovida por el gremio no es de carácter genérico -como sostuvo el CDE- y reforzó la idea de que la norma impugnada es, en efecto, decisoria litis -es decir, necesaria para decisión del fondo- para la cuestión que pende en sede judicial a través de sendos recursos de protección incoados separadamente por jueces y fiscales, que al ser idénticos fueron hoy vistos conjuntamente.

El requerimiento (rol 3421-17) es en contra de los números 3° y 8° del artículo 1° de la ley 20.975 que en noviembre del año pasado otorgó un reajuste de remuneraciones del 3,2% a los Trabajadores del Sector Público, que excluyó a quienes percibieran una renta líquida mensual superior a 4.4 millones, afectando con ello a unos 1.100 jueces de todo el país.

De ser declarado admisible, los ministros del Tribunal podrán abocarse al estudio del fondo del asunto, cual es si la norma es efectivamente inconstitucional y debe ser por tanto inaplicada en este caso particular.

Asociación de Magistrados critica actuaciones de Ministerio Público en casos mediáticos

Presidente y vocero de la Asociación de Magistrados habló de “peligroso precedente que socava las bases mismas del Estado de Derecho” refiriéndose a la actuación de fiscales en casos de impacto.

Como “política generalizada” del Ministerio Público en casos mediáticos calificó el vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos Sagristá, al expresar su rechazo a que fiscales recurran a la vía disciplinaria –e incluso penal- para revertir decisiones adversas, reproche que cobra vigencia en el caso de la investigación por un supuesto delito de prevaricación en contra de cuatro magistrados de la Octava Región, en que el ente persecutor usó lo resuelto por una sala de la Corte Suprema para calificar y perseguir en paralelo  un ilícito que se estima no configurado.

Para el dirigente resulta inexplicable que la Fiscalía, agotada la vía recursiva convencional y aún la disciplinaria –como ocurrió en la causa que ha suscitado revuelo en la capital penquista- y no obstante haber sobreseimiento, haya utilizado el voto de minoría de dos ministros de la Corte Suprema que resolvieron el recurso de queja para abrir una investigación por prevaricación, lo que el dirigente relaciona con lo ocurrido con el juez del caso “bombas”, en que el Ministerio Público también optó por la vía disciplinaria para revertir sus resoluciones amparándose en las expresiones vertidas por éste durante una audiencia.

El magistrado señaló que según se desprende de lo resuelto por el máximo tribunal, “los jueces investigados realizaron una actuación que ni siquiera es constitutiva de una falta disciplinaria –ya que no puede serlo una fundada y plausible interpretación de la ley, lo que es propio de la función de los tribunales- y menos puede ser constitutiva del delito de prevaricación por ignorancia inexcusable de la ley, como el Ministerio Público imputa”.

Consultado por las actuaciones del Ministerio Público en éste y otros casos “mediáticos”, el magistrado dijo que “es preocupante que cada vez que un juez resuelve en contra de sus intereses (de la Fiscalía) éstos optan por la vía disciplinaria en vez de usar los recursos que la ley prevé para impugnar una decisión adversa, pero peor aún, ahora vemos cómo se afecta la independencia de los jueces al intentar perseguir supuestas conductas constitutivas de delito en el ejercicio de su ministerio”.

Añadió que lejos de atacar a los fiscales, su crítica apunta al Ministerio Público como órgano en el ejercicio de lo que parece ser una política generalizada; “tememos que se trate de una práctica recurrente cuyo fin es el de eludir y dejar sin efecto decisiones judiciales, primero, recurriendo a la vía disciplinaria en vez del ejercicio de recursos procesales; y que si las vías disciplinarias tampoco surten los efectos buscados, usar y abusar de la vía de la persecución penal contra los jueces por presuntos delitos ministeriales, lo que no puede interpretarse sino como un intento de un órgano público –hasta ahora inédito en nuestra vida republicana de inhibir a los jueces de actuar independiente e imparcialmente a la hora de ejercer su función propia de impartir justicia”.

Para el magistrado, “no se trata de que los jueces no respondamos ministerialmente por nuestra actuaciones, pero esas (responsabilidades) tienen que investigarse en los casos en que claramente los hechos imputados así la constituyan, lo que a nuestro juicio evidentemente no ocurre en el caso mencionado”.

Por último, el dirigente indicó que lo ocurrido en Concepción “es un peligroso precedente que socava las bases mismas del Estado de Derecho, de que es pilar esencial la independencia de la Judicatura, y garantía de los ciudadanos –no una prerrogativa de los jueces- para ser juzgados por tribunales independientes e imparciales”, finalizó Llanos.

Santiago, 3 de junio de 2011.-