ANMM y fundación “Crea Equidad” lanzan campaña sobre masculinidades en el Poder Judicial

ANMM y fundación “Crea Equidad” lanzan campaña sobre masculinidades en el Poder Judicial

Inédita hasta ahora, iniciativa llama a reflexionar sobre conductas del hombre que impiden la construcción de relaciones igualitarias y que impactan en los espacios judiciales de trabajo.

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistradas (ANMM) y la fundación Crea Equidad lanzaron hoy una campaña al interior del Poder Judicial que busca sensibilizar y llamar a la reflexión acerca de las “masculinidades” que imperan actualmente, entendidas como aquellos atributos, valores, comportamientos y conductas que los hombres construyen para sí y en sus relaciones en una determinada sociedad y cultura.

Bajo el lema “Es de Justicia” y con una primera entrega sobre “estereotipos”, la campaña incluye cuatro capsulas animadas que serán liberadas en redes sociales durante las próximas semanas y que abordan temas que ponen en juego el compromiso de los hombres con la igualdad de género, tales como estereotipos y masculinidades; acoso sexual y violencia de género, participación y representación paritaria y corresponsabilidad en los cuidados, contenidos que están especialmente dirigidos a los hombres que conforman el Poder Judicial.

Ver primer video de campaña “Es de Justicia”

El presidente de la ANMM, Mauricio Olave Astorga, señaló que “el gremio de juezas y jueces ha adquirido el compromiso de avanzar en la generación de reflexiones encaminadas a la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres; ello, sobre la base de la promoción de la igualdad en decisión coordinada desde nuestra Comisión de Derechos Humanos y Género y que se ha expresado en diversas acciones, entre ellas el lanzamiento de esta campaña”.

Para el director ejecutivo de Crea Equidad en tanto, Roberto Celedón Bulnes, el correlato surgió “de la pregunta conjunta de ¿por qué los hombres no se transforman? ¿por qué las tasas de acoso y/o violencia de género siguen aumentando’ ¿por qué los hombres siguen sobre representados en el poder? ¿por qué no asumen masivamente la corresponsabilidad? Para hacer efectivos todos estos cambios, es necesario innovar en el marco de orden de género que nos guía a la hora de interpretar la realidad y las relaciones entre las personas”, dijo el sicólogo a cargo de la institución que lleva casi una década dedicada al estudio y la incidencia de las masculinidades en Chile.

La campaña será visible a partir de hoy en buscadores y en los perfiles de redes sociales de “magistradasymagistradosdechile”.

Jueces ordenan inéditas medidas de protección a favor de víctimas invocando Convención contra la Tortura

Resoluciones de magistrados del 13° Juzgado de garantía de Santiago se dieron en el contexto de dos querellas del INDH.

Dos inéditas resoluciones fueron dictadas este mediodía por la jueza Valeria Vega y el juez Eduardo Gallardo, ambos del 13° Juzgado de garantía de Santiago- a favor de tres adultos y un adolescente, respectivamente, objeto de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén, a quienes se prohibió  acercarse a las víctimas en aplicación, entre otras disposiciones, de lo contemplado en el artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El juez del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, magistrado Eduardo Gallardo.

Según explicó el magistrado Gallardo, “si bien se trata de casos similares, el del adolescente K.A.L.G. es especialmente grave pues se trata de un muchacho de sólo 14 años”.

El artículo 13° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que “Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes”. La misma norma prescribe que “Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado”, las que tanto Vega como Gallardo estimaron ineludible aplicar conforme con el artículo 5° de la Constitución chilena.

En ambos casos, los jueces resolvieron que “los hechos denunciados en la querella son de especial gravedad, los cuales podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado […] (y) que esa sola circunstancia conlleva que las presuntas víctimas se encuentran en especial situación de vulnerabilidad frente a sus eventuales agresores, lo cual justifica, en este caso, que la jurisdicción cautelar intensifique su mandato internacional, constitucional y legal de tutelar los derechos fundamentales”.

Consultados acerca del cumplimiento de las medidas, indicaron que para hacerla efectivas, junto con comunicarlas a la propia unidad y a la Prefectura Oriente de Carabineros, se pidió al Ministerio Público adoptar todos los medios adicionales necesarios para asegurar que se cumpla lo resuelto, además del monitoreo que efectuará el propio INDH.

23 de octubre de 2019.-

Ministro Mario Carroza renunció al Directorio de la Asociación de Magistrados

La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) comunica que con fecha 23 de septiembre de 2019, el actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Mario Carroza, presentó su renuncia al Directorio de la organización gremial en carta dirigida a su Presidenta, Soledad Piñeiro, aduciendo motivos personales y de tiempo para ejercer el cargo.

En virtud de lo anterior y conforme con los estatutos de la ANM, el Directorio procederá a informar el hecho a su Tribunal Calificador de Elecciones a objeto de que éste resuelva y comunique la integración que tendrá su Directiva tras la renuncia, cuyo período expiraba durante el último trimestre del próximo año.

El Director Carroza mantiene su calidad de asociado. La ANM agradece el tiempo que sirvió en el cargo, deseándole éxito en sus emprendimientos.

25 de septiembre de 2019.-

Jueces y Fiscales denuncian al Estado de Chile por exclusión de reajuste al sector público

– Presentación se funda en que la omisión constituye un mecanismo de presión que atenta contra la independencia de magistrados y autonomía de persecutores.

Washington.- Una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron hoy las asociaciones de magistrados y de fiscales, por estimar que la exclusión del reajuste al sector público de la que fueron objeto en 2016 constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de afectados y afectadas.

La acción fue presentada en la sede de la Comisión por la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro Fuenzalida, y su par de los Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe Hernández, acompañados del abogado chileno Ciro Colombara López, previo a un encuentro con la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del tribunal, Soledad García-Muñoz.

Los gremios de jueces y de fiscales decidieron recurrir al Sistema Interamericano de DDHH luego de agotar todas las acciones y recursos ante la justicia ordinaria del país, que intentaron revertir un congelamiento de las remuneraciones que les significó quedar fuera de cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida el año 2016, materia que, de acuerdo con la legislación chilena, se incluye en la discusión de la ley de presupuesto de la Nación en noviembre de cada año.

Para ambas asociaciones, si bien el congelamiento no fue permanente, resulta peligroso que no existan parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes, como que estén sujetos a la contingencia política, por lo que estiman relevante una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a detener este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables.

 24 de septiembre de 2019.-

Comisión del Senado aprobó constituir mesa interinstitucional que abordará proyectos de protección integral y derechos de la infancia

Jueces de Familia presentes en la instancia llamaron a rechazar en todas sus partes el proyecto de ley (Boletín 10.315-18) que establece un sistema de garantías de derechos de la niñez.

Valparaíso, 12 de diciembre. La Comisión Especial del Senado abocada a la tramitación de proyectos relacionados con la infancia aprobó constituir una mesa interinstitucional promovida por la Asociación de Magistrados a la que sumarían legisladores y representantes del Ejecutivo para abordar todas las iniciativas de protección integral y derechos de niños, niñas y adolescentes, ello tras oír la exposición de Juezas de Familia adscritas al gremio que llamaron a rechazar en todas sus partes el texto del boletín 10.315-18 analizado previamente.

Las magistradas Mónica Jeldres y Pamela Lobos, en representación de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, transmitieron la visión consolidada del gremio de jueces con base en los acuerdos de la Convención Nacional desarrollada en octubre pasado y las propuestas de la propia Comisión interna convocada a tal efecto que se dedica a analizar los proyectos de ley actualmente en tramitación relacionados, como el que establece un sistema de garantías de derechos de la niñez y que motivó su comparecencia hoy.

En la sesión estuvieron presentes los senadores Patricio Walker, presidente de la comisión; la senadora Ena Von Baer y los senadores Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y Manuel José Ossandón para abordar la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional. En calidad de invitados asistieron la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, la subsecretaria del Ministerio del Desarrollo Social, Heidi Berner, y la abogada Camila de la Maza, de Corporación Opción.

La jueza de familia Mónica Jeldres manifestó que en el proyecto no se observa una garantía al debido proceso ni representa un mecanismo eficaz de defensa, pues no está garantizado el derecho a defensa en los términos que mandatan los tratados internacionales. “En Chile no existe un abogado especializado, autónomo, gratuito, nacional y de libre elección del niño”, aseveró.

Consultado sobre el escenario que abre el rechazo al proyecto en cuanto a la tramitación del mismo, el juez Pedro Maldonado expresó que “la idea es lograr una ley de garantías inserta en un sistema de protección integral y eso con este proyecto como estaba hoy no se estaba logrando. Para nosotros el punto central es el modelo de protección administrativa; es decir, cambiar de un modelo de protección judicial a uno administrativo sin un contexto claro de derechos y garantías es adoptar un riesgo que no nos parece lógico: tiene que ser sobre la base de un sistema de derechos claramente establecidos”.

La magistrada Jeldres en tanto señaló que “es complejo trabajar en distintos proyectos de ley en distintas comisiones; por lo que propusimos que se constituyera una mesa de trabajo para abordar los temas de protección y derechos de infancia de forma integrada. Estamos ante una dispersión que debe corregirse. Lo que el defensor de la niñez puede hacer sin un sistema de garantías no es mucho”, indicó. A modo de ejemplo, “los niños en el sistema residencial tienen largas permanencias, de cuatro, cinco o siete años y eso ocurre por un letargo en los procesos, que se relaciona con la falta de una defensa letrada que esté revisando la situación”.

A su turno, la jueza de familia Pamela Lobos, recordó que el proyecto en tramitación tenía el propósito original de establecer un sistema de protección y garantías de derechos, aunque tal como está en la actualidad, luego de los estudios desarrollados por la Asociación Nacional de Magistrados, se estima que no alcanza a cumplir este objetivo, por lo que la posición del gremio fue recomendar el rechazo el proyecto de ley en todas sus partes, en atención a que no alcanza los estándares suficientes.

CDE sorprende al negar intangibilidad de sueldos y plantear que Ejecutivo puede “eventualmente reducirlos”

Consejero Rodrigo Quintana refutó posición de Magistrados y Fiscales señalando que reajustabilidad de últimas décadas se debería únicamente a un “escenario económico favorable”.

Una novedosa tesis planteó hoy en su alegato el abogado Rodrigo Quintana en representación del Estado de Chile en la vista de la admisibilidad de un requerimiento deducido por la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) en el que se impugna parte de la ley de presupuesto que dejó fuera de todo reajuste a un millar de jueces: el consejero dijo que -interpretando el artículo 65 N° 4 de la Constitución- el Ejecutivo puede no sólo modificar las remuneraciones, sino que eventualmente reducirlas, descartando a su vez que a jueces y fiscales, como a otros trabajadores del Estado, les asista un derecho adquirido en materia de intangibilidad de remuneraciones.

Vea el video de los alegatos

Las palabras del jurista se dieron hoy en el contexto del alegato que sobre la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por las asociaciones de magistrados y fiscales, respectivamente, y presentaciones separadas, fueron vistas hoy conjuntamente por la segunda sala del Tribunal Constitucional, quedando en acuerdo.

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A su turno, el abogado de la ANM, Ramón Briones Montaldo, planteó que la acción promovida por el gremio no es de carácter genérico -como sostuvo el CDE- y reforzó la idea de que la norma impugnada es, en efecto, decisoria litis -es decir, necesaria para decisión del fondo- para la cuestión que pende en sede judicial a través de sendos recursos de protección incoados separadamente por jueces y fiscales, que al ser idénticos fueron hoy vistos conjuntamente.

El requerimiento (rol 3421-17) es en contra de los números 3° y 8° del artículo 1° de la ley 20.975 que en noviembre del año pasado otorgó un reajuste de remuneraciones del 3,2% a los Trabajadores del Sector Público, que excluyó a quienes percibieran una renta líquida mensual superior a 4.4 millones, afectando con ello a unos 1.100 jueces de todo el país.

De ser declarado admisible, los ministros del Tribunal podrán abocarse al estudio del fondo del asunto, cual es si la norma es efectivamente inconstitucional y debe ser por tanto inaplicada en este caso particular.