Señor director:

En el editorial del pasado viernes 28 se critica el proceder del Poder Judicial y de la policía en la fuga del imputado Hans Niemeyer; celebrando, a su vez, el uso de la facultad constitucional contenida en el artículo 32 N° 13 de la Carta Fundamental por parte del Poder Ejecutivo, acusándose falta de contundencia en las aclaraciones de las instituciones involucradas y poniendo en duda la existencia de una real preocupación por evitar su repetición.

Asimismo, se relaciona lo ocurrido con una “amenaza latente de corrupción” y con la “entendible suspicacia por eventuales factores ideológicos que pueden haber determinado tan sospechoso cúmulo de fallas”.

Entendemos que el ritmo de las investigaciones decretadas y pendientes suela diferir de lo deseado habitualmente por la prensa en su tarea de informar a la ciudadanía; sin embargo, la seriedad del error en cuestión amerita la máxima rigurosidad en la determinación de los verdaderos factores que confluyeron en este caso, toda vez que las medidas investigativas fueron oportunamente decretadas y cuyo resultado permitirá adoptar los remedios procesales y administrativos que correspondan.

Nos parece que en tanto se encuentren pendientes tales indagaciones, tales expresiones, críticas y suspicacias allí vertidas resultan desproporcionadas y carentes de sustento objetivo.

Por último, en lo que respecta al uso de la facultad constitucional ejercida por el Poder Ejecutivo -querellante en la causa de que se trata- esta nada nuevo aporta al escenario previo, en el cual, una vez detectado el incumplimiento de parte del imputado, ya estaban ordenadas las investigaciones respectivas. Por el contrario, sólo viene a aumentar la cantidad de investigaciones paralelas que existirán sobre el particular y a motivar efectos distintos de los procesales, sin tener mayor claridad acerca de las responsabilidades funcionarias que se perseguirán en definitiva, a través de esta excepcionalísima acción.

En consecuencia, hacemos un llamado a un análisis más sereno y racional de los sucesos, sin adelantar juicios, esperando que las investigaciones en curso aporten información objetiva sobre la cual podrán adoptarse las decisiones que correspondan.

Rodrigo Cerda San Martín

Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados