ANM se suma a reconocimiento de ministra Andrea Muñoz por su labor en materia de igualdad y no discriminación

Fue distinguida ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer.

Por su aporte como “una de las mujeres representativas de diferentes ámbitos de la vida nacional por su contribución a la eliminación de la violencia contra la mujer en Chile como parte de los Poderes del Estado”, fue distinguida ayer la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz, a quien se atribuye la promoción y actual dirección de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial.

La ceremonia, realizada en el ex Congreso Nacional, contó con la participación del vicepresidente de la ANM, Álvaro Flores, quien aprovechó la oportunidad para sumarse al reconocimiento de la alta magistrada, que además del saludo, recibió una misiva de la Presidenta Soledad Piñeiro.

Esta última se refirió a la distinción. “Es algo que recibimos con alegría. Sin duda su esfuerzo personal al enfrentar esta relevante materia ha significado un reconocimiento y trabajo serio en el abordaje de la amplia problemática que conlleva y que históricamente ha sido negada, minimizada y postergada. Le expresé que no podemos más que compartir y celebrar este reconocimiento junto con reiterar nuestro compromiso para continuar trabajando en las áreas que demandan estos nuevos desafíos”, dijo la dirigenta gremial.

El evento contó con la asistencia de los presidentes del Senado, Carlos Montes, y de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y concluyó con un conversatorio entre las participantes y Minou Tavárez Mirabal, hija y sobrina de las llamadas “Tres Mariposas” dominicanas, asesinadas un 25 de Noviembre de 1960 por el entonces dictador Rafael Trujillo, en cuya memoria las Naciones Unidas instituyeron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

En la oportunidad fueron también distinguidas otras tres mujeres; Ana González, en reconocimiento póstumo a su labor en la defensa de los Derechos Humanos, recibido por su  hija, Patricia Recabarren; Carmen Andrade, por su trabajo en la creación de la Fiscalía en contra del Acoso y Abuso Sexual en la Universidad de Chile y, desde la sociedad civil, Lorena Astudillo, activista y vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Directorio de la ANM se reunió con el Presidente de la Corte Suprema

Pasadas las 9 horas de ayer, llegaron hasta el Palacio de los Tribunales miembros del Directorio de la Asociación Nacional de Magistrados encabezados por su Presidenta, Soledad Piñeiro, para reunirse con el Titular de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito.

El encuentro, de carácter protocolar, fue la oportunidad propicia para que el recién proclamado Directorio se presentara y saludara a la autoridad tras la Convención Nacional de Valdivia – Osorno clausurada hace casi un mes.

Al término de la reunión, la Presidenta señaló que en la cita “manifestamos nuestro interés en seguir manteniendo relaciones fluidas como se han sucedido en los últimos años y un trabajo cercano y colaborativo en temas de interés gremial como niñez, género, remuneraciones y materias relacionadas con gobierno judicial como nombramientos”.

Asimismo, el Presidente de la Corte Suprema agradeció especialmente el trabajo realizado en torno al informe del Comité de la Niñez de ONU, lo que fue correspondido con igual expresión respecto de su activo paso por la Convención de mediados de octubre, hasta la que se trasladó para participar tanto de las reuniones de comisiones como de las Plenarias.

Por la ANM asistieron también la Directora Gabriela Varela y los Directores Antonio Ulloa, Álvaro Flores, Mario Carroza y Alejandro Vera.

Magistrados proponen abolir carrera judicial establecida en el Código Orgánico de Tribunales

  • En el encuentro gremial desarrollado entre el 11 y 14 de octubre en Valdivia y Osorno, asumió la presidencia la magistrada Soledad Piñeiro, quien dirigirá la organización por los próximos dos años.
  • La directiva nacional quedó compuesta por los magistrados Álvaro Flores, Mauricio Olave, Antonio Ulloa, Mario Carroza, Gabriela Varela y Alejandro Quilodrán.
  • La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y autoridades regionales.

Coincidiendo con los 50 años de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, más de 170 asociados y asociadas de todo el país reunidos en la Convención Anual que culminó este sábado en Valdivia, acordaron promover profundos cambios estructurales en la carrera y el régimen disciplinario de los jueces chilenos.

Tras someter a votación las propuestas de las comisiones, la Asamblea resolvió impulsar la abolición de la carrera judicial en los términos definidos en el Código Orgánico de Tribunales, para reemplazarla por un nuevo sistema basado en criterios distintos de los actuales, que contribuya al fortalecimiento de la independencia interna y dignidad de la magistratura. Para este propósito se elaborará un proyecto que será presentado ante las autoridades.

Otros temas abordados fueron el estado de la reforma procesal civil, acordándose la constitución de una comisión de trabajo con carácter de urgente que retomará dicho tema en lo inmediato con capacidad para contribuir a la discusión parlamentaria que se dé al respecto.

También se aprobó una reforma reglamentaria que supone la consolidación y adecuación de las normas internas vigentes del gremio a lo que disponen sus estatutos actuales, adoptados en 2015 tras la reforma de la ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado.

Declaración sobre relaciones laborales

En materia de relaciones laborales al interior del Poder Judicial en tanto, asamblea aprobó emitir la declaración propuesta acerca de la posición gremial en relación con políticas de género: “La ANM manifiesta su absoluto rechazo a toda forma de lesión a la dignidad humana, por acción u omisión, en todo el ámbito de su actuar y respecto a toda persona. En este entendido se compromete a promover la aplicación de la perspectiva de género, el principio de no discriminación, y erradicación de toda forma de maltrato, conforme a la normativa vigente tanto en el derecho interno, como en los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de nuestro estatuto”.

En la jornada del viernes en tanto y luego de aprobar una detallada cuenta sobre balance e informe de su Comisión Revisora de Cuentas, acordaron mantener la posibilidad de requerir financiamiento externo para la organización de actividades compatibles con los fines de la organización que requieran un complemento presupuestario, mandatándose a la nueva directiva para definir la forma en que dichos auspicios podrán ser solicitados u otorgados según corresponda.

Durante esta convención se aprobó también la última cuenta del presidente saliente de la ANM, Álvaro Flores tras cumplir 4 años en la conducción de la organización.

La Asociación Nacional de Magistrados, fundada en 1968, es una organización gremial autónoma e independiente del Poder Judicial. Agrupa a más de 1.300 asociados a lo largo del país, cifra que representa cerca del 70% del escalafón primario del Poder Judicial, contando, entre sus miembros, con ministros de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, jueces de todas las competencias, secretarios, relatores y fiscales judiciales.

“El temor de los jueces”. Columna del Presidente publicada en El Mostrador

Con ocasión de la resolución del episodio de la acusación constitucional contra tres jueces de la sala penal de la Corte Suprema, uno de los ministros ha dicho recientemente que “es grave que en un país los jueces estén atemorizados”. No pudiendo más que coincidir con el sentido de tales palabras, se hace necesario reflexionar sobre la paradoja que encierran, al provenir de un miembro de la Corte Suprema.

Hace varias décadas el gran jurista Piero Calamandrei dijo que la independencia de la función de un juez debía garantizarse de tal manera que en el ejercicio de su labor jamás tuviera esperanza de premio, ni temor al castigo.

Con matices, las refundadas democracias europeas continentales de la segunda post guerra, lucharon por reorganizar la magistratura, de manera de escindirla del nefasto control que había tenido sobre la labor de los jueces  el poder Ejecutivo. En ese contexto histórico, Calamandrei describió con una vigorosa fuerza conceptual la manera cómo la carrera judicial posibilitaba, mediante determinados dispositivos de control, la existencia de un juez sumiso (una de las formas que asume el temor para hacerse tolerable), marcado por las expectativas funcionarias, dócil a los designios de voluntad de sus controladores.

Los rediseños europeos superaron ese verdadero anti-modelo de magistratura, despejando con menor o mayor éxito el peligro del juez distraído por sus intereses de carrera y propenso a distanciarse de su único mandato relevante: la aplicación del derecho en el caso concreto.

Tal  garantía se ha abordado en el mundo democrático occidental fundamentalmente a través de dos modelos, que con sus variantes, son la respuesta a ese complejo desafío. Un modelo consagra lo que podríamos llamar organización mínima de la magistratura, cual si fuera apenas un servicio público dotado de lo indispensable para el correcto desempeño de la función (infraestructura, recursos materiales, personal, administración profesional, garantía de presupuesto asegurada), al margen de toda concepción corporativa del “Poder Judicial”. Tal es la forma anglosajona, arraigada en una sólida tradición y respaldo  cultural en torno a la independencia y al prestigio social de la función del juez, basada en el reclutamiento de los jueces desde la propia profesión legal, al margen del modelo de carrera en trayectoria ascendente. En tal diseño no se concibe a la Corte Suprema con una función diversa a la de resolver en derecho con pretensión de uniformarlo para dar certeza jurídica

El otro modelo –el europeo continental- determinó la necesidad de una estructura algo más elaborada de gobierno y creó órganos de rango constitucional integrados temporalmente por jueces y no jueces, con acotadas competencias, abocados a la determinación de las cuestiones propias del estatuto profesional del juez (ingreso, selección, perfeccionamiento, responsabilidad, promoción), manteniendo en alguna forma la noción de carrera profesional, pero desmantelada de los dispositivos perversos descritos por Calamandrei. En este diseño, aplicado en más de 140 países del mundo, la Corte Suprema, también es reservada sólo a decisiones de derecho, sin que pueda concebirse siquiera que pueda estar ocupada en cuestiones diversas.

La tercera variante, la representa singularmente  el sistema chileno: es más bien un anti modelo, un resabio institucional de la preguerra y todavía más, de la colonia. Su modelo burocrático, encarna una concepción pre moderna del Poder Judicial como una burocracia edificada sobre múltiples funciones diversas a las puramente jurisdiccionales que incluyen el control de la carrera de los jueces y donde la organización misma impide garantizar la independencia interna, al ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica. Se trata de una orgánica labrada sobre múltiples mecanismos que irradian el control desde la cúpula hacia los jueces ubicados más abajo, que hacen imposible la noción de juez independiente.

Descrito este panorama, no debiera ser difícil entonces relacionar la retórica y las acciones desplegadas en esta contingencia de afectación de la independencia externa de tres jueces de la Corte Suprema con las concepciones que unos y otros tienen acerca de los valores e instituciones que estuvieron en juego.

Allí donde los jueces percibimos un ataque a la independencia de tres jueces, los  ministros advirtieron principalmente una amenaza a la “autonomía” de la corporación y desplegaron múltiples acciones, llenas de simbolismo para reforzar ese poder corporativo.

Allí donde los jueces invocamos un principio y concurrimos a explicarlo, la cúpula judicial demandó alianzas con otro poder, al que estiman equivalente en su concepción de los equilibrios institucionales.

Allí donde los jueces remarcamos la necesidad de comprender que todo ataque a la independencia (incluso aquel feroz que se despliega contra un juez que hace un control de detención) es una amenaza a la propia vigencia del derecho, la corporación se cerró sobre sí misma, ignorando la habitualidad de esos otros ataques, que provienen desde la misma organización judicial y, ciertamente, lesionan el mismo bien democrático del que demandaron irrestricto respeto.

Allí donde los jueces hemos propuesto una reforma constitucional indispensable para desactivar los mecanismos que afectan la independencia de los jueces, están en manos de jueces ubicados en la cúspide, éstos -cómodos y conformes con esos artefactos de control no jurisdiccional- han ignorado este reclamo.

Por eso el sintagma “poder judicial” es percibido de manera distinta desde la cúpula y desde la base de la organización. Para unos es el poder de una agencia estatal con políticas, autopercepción de gerencia colectiva, dispuesta a fines ajenos a los puramente jurisdiccionales. Para otros, en su acotada dignidad funcional al servicio de la organización democrática, es únicamente expresar el derecho en cada caso.

De allí que en este panorama, la acertada frase del ministro que advierte sobre el peligro que para el país significa la existencia de jueces atemorizados, tiene un sabor amargo para muchos jueces, por nacer de quien, por su posición en la jerarquía institucional, sirve normas que amenazan sistemáticamente la independencia de jueces de primer grado. Una paradoja no difícil de advertir

Y en Chile, lamentablemente los ministros de la Corte Suprema soslayan esta grave dimensión del problema, pues también se formaron en el temor, y ascendieron sorteando los dispositivos que lo activan. Hasta que ellos mismos llegaron a asumir su control.