Declaración pública

La Asociación Nacional de Magistrados, en relación con hechos de público conocimiento registrados en los últimos días, declara lo siguiente:

1.- La independencia judicial puede ser socavada desde muchas aristas, pues son múltiples las formas de ejercer presión sobre juezas y jueces;

2.- En noviembre pasado hicimos un enérgico llamado al cese de la violencia que hemos observado en estos momentos convulsos;

3.- Hoy reafirmamos nuestro más categórico rechazo a las amenazas que afectan a jueces y juezas, y en particular, a doña Andrea Acevedo;

4.- Estimamos que cualquier divergencia debe ser resuelta por las vías legales, con apego irrestricto a las garantías constitucionales y derechos humanos;

5.- Nuestra libertad de expresión ha de ejercerse con responsabilidad y respeto;

6.- Y esperamos que las circunstancias en que nos encontramos abran caminos de diálogo intenso, racional, crítico y constructivo que permita mejorar cada institución de Chile que lo requiera, entre ellas el Poder Judicial.

31 de enero de 2020.-

Corte Interamericana de Derechos Humanos revisa mañana caso del Juez Daniel Urrutia

A partir de las 18 horas de mañana jueves -hora chilena- la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) revisará el caso del Juez Daniel Urrutia contra el Estado de Chile, originado en una denuncia por violación de derechos en el contexto de una sanción disciplinaria de la que fue objeto tras presentar un trabajo académico que criticó la actuación del Poder Judicial en dictadura y que la Corte Suprema estimó que contenía apreciaciones “inadecuadas e inaceptables”.

El caso es seguido con atención por la comunidad jurídica, pues según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe de fondo incorporado en la etapa previa al juicio, se establece que el Estado, a través del Poder judicial chileno, habría violado los derechos del juez a conocer previa y detalladamente la acusación formulada; a contar con el tiempo y medios adecuados para su defensa; a ser juzgado por un tribunal imparcial y a recibir protección judicial.

La Comisión también alega que el proceso al que fue sometido el juez Urrutia se caracterizó por una excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada, de suerte que la autoridad habría contado con una excesiv margen de discrecionalidad para calificar que la conducta reprochada constituía realmente un “ataque” en los términos del Código Orgánico de Tribunales.

Finalmente, la Comisión señaló que la sanción impuesta al juez Urrutia habría violado el derecho a la libertad depensamiento y expresión tras imponerle una sanción arbitraria al ejercicio de ésta.
En concreto, se pide 1) Dejar sin efecto la sanción impuesta al juez Urrutia, incluida la eliminación de antecedentes en su hoja de vida; 2) Reparar “integralmente” las consecuencias de las violaciones declaradas previamente y 3) Disponer medidas de no repetición, incluyendo la adecuación de la normativa interna para eliminar del ordenamiento jurídico la causal del caso y asegurar, en definitiva, un procedimiento disciplinario con estándares adecuados de debido proceso.

El caso ha concitado el interés y apoyo de la Asociación de Magistrados por coincidir con sus históricas aspiraciones de lograr la separación de todas aquellas facultades distintas del ejercicio de la función jurisdiccional hoy concentradas en los tribunales superiores, que el gremio estima favorecen los atentados hacia la independencia interna de jueces y juezas, y en especial, las carencias y deficiencias del sistema de responsabilidad.

En la audiencia de mañana se resolverá sobre las excepciones preliminares, eventuales de fondo, reparaciones y costas; oirán alegatos y observaciones finales orales, así como la declaración del afectado, testigos y peritos allegados al litigio, tanto por el Estado de Chile y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asociación de Magistrados expuso ante Comisión Interamericana sobre situación de DDHH en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio inicio el domingo a su visita in loco para recibir testimonios de la sociedad civil para “conocer la situación de los derechos humanos en el país y observar la situación vinculada a las protestas sociales en sus causas y consecuencias”.

La Asociación de Magistrados compareció representada por su vicepresidente Álvaro Flores, quien expuso sobre el funcionamiento regular de la magistratura en el marco de la crisis social y la evolución desde el último informe entregado a la Comisión en la sesión celebrada en Quito, en noviembre último, dándose noticia además sobre las evaluaciones existentes relativas al rol de la jurisdiccional y otros órganos relacionados con el proceso penal, en el marco de las garantías de los ciudadanos y de los déficit normativos observados para dar mayor eficacia al control jurisdiccional de garantías, especialmente en las primeras horas de detención, con vistas a impedir vulneraciones en ese espacio en que aún no intervienen los órganos de defensa y el propio Ministerio Público

Representantes de la ANM expusieron el domingo y el martes ante la CIDH de visita en el país.

La Comisión tomó nota de las críticas de diversas organizaciones sociales y académicas dirigidas especialmente a lo que se estima son las deficiencias de la justicia cautelar en sede de protección y finalmente se informó –en el contexto de la doctrina interamericana de libertad de expresión de los jueces en un Estado democrático de derecho- de la existencia de 2 causas disciplinarias abiertas en este período contra jueces que han ejercido esa libertad en un contexto de conmoción social (una de ellas que derivó en una sanción sin proceso), cuanto por el ejercicio de funciones jurisdiccionales (2), haciéndose expresa mención una situación sobradamente conocida por la Comisión: el modelo organizacional de la magistratura chilena y los severos problemas de independencia interna que evidencia.

Seguidamente, la coordinadora de la Comisión de Infancia, Mónica Jeldres, informó de la ausencia de los Niños, Niñas y Adolescentes en el proceso constituyente, en los proyectos de ley en actual tramitación en el Senado y en las respuestas otorgadas por la autoridad tras la crisis. Dio cuenta además de la falta de una legislación garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes; entregó los lineamientos de la ANM expresados en el trabajo legislativo en favor de la superación de una legislación deficitaria y asistencialista y las críticas a un proceso legislativo que en pleno desarrollo, según expresó, no se encamina al cumplimento de lo mandatado internacionalmente.

Sobre el tema de infancia, la Asociación de Magistrados fue convocada a exponer el martes en la tarde con más detalle ante la CIDH en sesión temática convocada a tal efecto.

Dédicit internos en infancia e indepedencia

En la jornada de hoy, la Coordinadora de la Comisión de Infancia expuso en forma pormenorizada frente a la comisionada Esmeralda Arosemena y el comisionado Stuardo Ralón describiendo en detalle las carencias en el sistema de justicia de NNA como le fuera solicitado por la propia CIDH el domingo, en tanto que el Director Mauricio Olave se centró en el déficit en independencia interna que afecta a jueces y juezas dada la estructura del Poder Judicial que concentra las labores administrativas y las jurisdiccionales en las Cortes Superiores y solicitó que la Comisión inste al Estado a realizar las modificaciones al sistema que aseguren a todos los jueces la debida independencia en el ejercicio de su función.

Dirigentes de la ANM se reúnen con el Secretario de la CIDH

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrau, recibió ayer a dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados encabezados por la Presidenta Soledad Piñeiro, en una reunión sostenida en el marco de los encuentros que el organismo sostiene por estos días con diversas instituciones y representantes de la sociedad civil en nuestro país.

De izquierda a derecha: El Director Mauricio Olave; la Presidenta de la Regional San Miguel, Mariela Hernández; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrau; la Presidenta Soledad Piñeiro y la Coordinadora de la Comisión de Infancia, Mónica Jeldres.

Durante la cita, a la que también asistió el Director Mauricio Olave, la dirigenta expuso una visión panorámica acerca de la evolución de la crisis social y política que el país vive desde hace un mes, detallando las dificultades que jueces y juezas han observado durante la contingencia en el ejercicio de su función, incluido el aspecto disciplinario.

A su turno, la Presidenta de la Regional San Miguel, Mariela Hernández, explicó el despliegue de jueces y juezas de garantía y lo propio hizo la Coordinadora de la Comisión de Infancia, Mónica Jeldres, en lo relativo a dicha materia, insistiendo en la precaria situación que vive la niñez en nuestro país.

Al término del encuentro, Abrau destacó que todas las instituciones con las que se ha reunido hasta ahora han destacado el rol que la Judicatura jugó e instó a los dirigentes a seguir haciéndolo.

Declaración pública

“Por un nuevo rumbo”

La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile hace un urgente llamado al cese de la violencia generada tras el estallido social y convoca a la sociedad en su conjunto a retomar el diálogo encausándolo en los caminos institucionales de la democracia y estado de derecho que rige en nuestro país.

Exhortamos asimismo a las autoridades a promover en lo inmediato las medidas sociales suficientes que se traduzcan en cambios sustantivos, y en el más breve plazo posible, de las actuales condiciones que han generado el descontento de nuestra sociedad y motivado su movilización.

Jueces y juezas hemos procurado actuar con celo en la tutela efectiva de los derechos de las personas durante la contingencia y hoy reafirmamos dicho compromiso en el ejercicio de la función. Por lo mismo, requerimos de las autoridades competentes que se adopten los resguardos suficientes en cuanto a la seguridad de los recintos donde servimos.

No podemos finalmente soslayar la necesidad imperiosa de que se aborde con celeridad el cambio constitucional y normativo que permita avanzar hacia un nuevo orden inclusivo, socialmente equitativo y legitimado por todos y todas, con énfasis en la revisión del diseño de todas aquellas instituciones que han permanecido inalteradas; en especial, de nuestro Poder Judicial.

A esto último nos hemos abocado en profundidad por cerca de una década. La modernización de esta parte del Estado es un imperativo que apremia, y ante la oportunidad histórica de propender a un nuevo proceso constituyente, ponemos a disposición de toda la sociedad nuestro conocimiento, experiencia y energía en tal sentido.

Creemos que es tiempo de retomar la convivencia pacífica, resolver nuestras diferencias a través del diálogo y reencausarlas para edificar un Chile mejor.

12 de noviembre de 2019.-