Inamovilidad de la judicatura

Inamovilidad de la judicatura

El Presidente de la ANMM, juez Mauricio Olave, se refiere hoy en El Mercurio a las propuestas de la Convención Constitucional que establecen límites a la duración del cargo de juez, contrariando con ello las prevenciones y recomendaciones de diversos órganos y personeros internacionales en clave de DDHH.

Declaración pública

Declaración pública

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), en relación con la crisis que mantiene a cerca de 40 mil niños, niñas y adolescentes -NNA- con medida de protección decretada por un tribunal sin representación jurídica por abogado o abogada frente al sistema de justicia de Familia, declara lo siguiente:

1.- La judicatura especializada adscrita a esta organización gremial y nucleada en su Comisión de Infancia y Familia, ha formulado reiteradamente llamados a la autoridad y poderes colegisladores advirtiendo sobre la escasa oferta de curadores ad litem capaces de asumir la representación de un grupo creciente de NNA y el efecto de esta carencia en la defensa de sus derechos por no contar con representación jurídica en número, experticia y calidad que permita asumirla;

2.- Lamentablemente y pese a nuestras advertencias, efectuadas al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Justicia, autoridades del nuevo servicio; en el seno de la Comisión Especial de Infancia de la Cámara y a su turno del Senado durante la tramitación de sendos proyectos de ley y finalmente expuesta en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación se mantiene;

3.- En efecto, aún tras la entrada en vigor de la ley 21.302 y la eliminación de la oferta de curadores ad litem por el Nuevo Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia, Chile sigue sin contar con una ley de garantías de derechos de la Niñez, que tal como hemos señalado anteriormente, es la necesaria “obra gruesa” o superestructura que debiera recoger los principios fundantes de toda la regulación local en materia de infancia.

Nuestro Estado parece estar ciego y sordo frente a la niñez vulnerada y se acerca peligrosamente a tener que responder internacionalmente por el incumplimiento de tales obligaciones.

Por todo lo anterior, requerimos a las autoridades competentes: 1) Que se adopten de manera urgente las medidas suficientes para restablecer cuanto antes el pleno respeto de los derechos vulnerados de miles de niños, niñas y adolescentes ante los tribunales de familia; y 2) La creación de una Defensoría de Representación Jurídica de la Niñez y Adolescencia gratuita, autónoma y que cumpla con los estándares internacionales al efecto y todo ello sin perjuicio de que, en lo inmediato, se asegure la adecuada representación jurídica de NNA a través de la dotación de curadores ad litem en número y preparación profesional suficiente como lo exige nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Santiago, 22 de diciembre de 2021.-

Gremios judiciales expresan preocupación por condiciones de trabajo en la pandemia

Presentación dirigida al Tribunal Pleno de la Corte Suprema ingresó este viernes y propone cómo planificar regreso a labores presenciales.

Su preocupación por las condiciones en las que se desempeñan actualmente funcionarios encargados de cumplir diligencias presenciales manifestaron hoy los cuatro gremios del Poder Judicial -magistrados, empleados, profesionales y consejeros técnicos- en una presentación conjunta dirigida al Tribunal Pleno de la Corte Suprema. El escrito, firmado por representantes de todas las asociaciones, pide a su vez al Máximo Tribunal la conformación de una mesa de trabajo integrada en principio por dichas organizaciones y otros entes técnicos para abordar el retorno gradual y seguro de trabajadores y trabajadoras sobre la base de una serie de ejes entre los que destacan el cuidado por quienes pertenecen a los grupos de riesgo y el personal externo de aseo y seguridad.

La presentación fue acordada en una reunión sostenida el pasado miércoles, oportunidad en la que, según señala el texto, acordaron pedir a la Corte Suprema que -en el ejercicio de sus facultades- constituyera una mesa de trabajo “con el fin de diseñar y proyectar la mejor forma de paulatino regreso a las funciones de forma íntegra y sobre todo segura para todas y todos”.

Dirigentes y dirigentas gremiales manifestaron en el documento que “la obligación constitucional de impartir justicia se está cumpliendo; nunca ha cesado, aunque sin duda hemos debido adaptarnos a las nuevas condiciones. Cada día estamos habilitando todas las formas que permitan un mejoramiento del sistema de justicia”. Enseguida se lee que “el equilibrio entre la protección de la salud de todas y todos y el eficaz y eficiente acceso a la justicia es el desafío que hemos asumido, en una situación histórica que nos enfrenta a soluciones creativas y seguras”.

Frente a la evolución que registra la pandemia en el país, desde los gremios estiman que el actual teletrabajo debiera mantenerse al menos por lo que dure el estado de excepción constitucional y que el eventual regreso al trabajo presencial debiera ser debidamente programado dotando a la personas de los insumos de seguridad suficientes para el cumplimiento de sus funciones.

Otro punto sobre el que expresaron su preocupación dice relación con que hay actualmente funcionarios y funcionarias efectuando actividades presenciales de riesgo, como son las notificaciones personales en comunas bajo cuarentena. “No es posible que en este estado de cosas se instruyan formas de trabajo que signifiquen desproteger la vida de las y los funcionarios de todos los escalafones incluido el personal externo, como el de aseo y seguridad”, manifestaron.

Finalmente, las asociaciones señalaron estar disponibles para integrar las iniciativas necesarias para la coordinación del trabajo judicial orientadas a la elaboración de protocolos que permitan conjugar el trabajo a distancia con el paulatino retorno al trabajo presencial.

Santiago, 11 de mayo de 2020.-