Presidente y vocero de la Asociación de Magistrados habló de “peligroso precedente que socava las bases mismas del Estado de Derecho” refiriéndose a la actuación de fiscales en casos de impacto.

Como “política generalizada” del Ministerio Público en casos mediáticos calificó el vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos Sagristá, al expresar su rechazo a que fiscales recurran a la vía disciplinaria –e incluso penal- para revertir decisiones adversas, reproche que cobra vigencia en el caso de la investigación por un supuesto delito de prevaricación en contra de cuatro magistrados de la Octava Región, en que el ente persecutor usó lo resuelto por una sala de la Corte Suprema para calificar y perseguir en paralelo  un ilícito que se estima no configurado.

Para el dirigente resulta inexplicable que la Fiscalía, agotada la vía recursiva convencional y aún la disciplinaria –como ocurrió en la causa que ha suscitado revuelo en la capital penquista- y no obstante haber sobreseimiento, haya utilizado el voto de minoría de dos ministros de la Corte Suprema que resolvieron el recurso de queja para abrir una investigación por prevaricación, lo que el dirigente relaciona con lo ocurrido con el juez del caso “bombas”, en que el Ministerio Público también optó por la vía disciplinaria para revertir sus resoluciones amparándose en las expresiones vertidas por éste durante una audiencia.

El magistrado señaló que según se desprende de lo resuelto por el máximo tribunal, “los jueces investigados realizaron una actuación que ni siquiera es constitutiva de una falta disciplinaria –ya que no puede serlo una fundada y plausible interpretación de la ley, lo que es propio de la función de los tribunales- y menos puede ser constitutiva del delito de prevaricación por ignorancia inexcusable de la ley, como el Ministerio Público imputa”.

Consultado por las actuaciones del Ministerio Público en éste y otros casos “mediáticos”, el magistrado dijo que “es preocupante que cada vez que un juez resuelve en contra de sus intereses (de la Fiscalía) éstos optan por la vía disciplinaria en vez de usar los recursos que la ley prevé para impugnar una decisión adversa, pero peor aún, ahora vemos cómo se afecta la independencia de los jueces al intentar perseguir supuestas conductas constitutivas de delito en el ejercicio de su ministerio”.

Añadió que lejos de atacar a los fiscales, su crítica apunta al Ministerio Público como órgano en el ejercicio de lo que parece ser una política generalizada; “tememos que se trate de una práctica recurrente cuyo fin es el de eludir y dejar sin efecto decisiones judiciales, primero, recurriendo a la vía disciplinaria en vez del ejercicio de recursos procesales; y que si las vías disciplinarias tampoco surten los efectos buscados, usar y abusar de la vía de la persecución penal contra los jueces por presuntos delitos ministeriales, lo que no puede interpretarse sino como un intento de un órgano público –hasta ahora inédito en nuestra vida republicana de inhibir a los jueces de actuar independiente e imparcialmente a la hora de ejercer su función propia de impartir justicia”.

Para el magistrado, “no se trata de que los jueces no respondamos ministerialmente por nuestra actuaciones, pero esas (responsabilidades) tienen que investigarse en los casos en que claramente los hechos imputados así la constituyan, lo que a nuestro juicio evidentemente no ocurre en el caso mencionado”.

Por último, el dirigente indicó que lo ocurrido en Concepción “es un peligroso precedente que socava las bases mismas del Estado de Derecho, de que es pilar esencial la independencia de la Judicatura, y garantía de los ciudadanos –no una prerrogativa de los jueces- para ser juzgados por tribunales independientes e imparciales”, finalizó Llanos.

Santiago, 3 de junio de 2011.-