En reunión convocada por el Ministerio de la Mujer, juezas de Familia se refirieron a diversos proyectos con base en estudio y comparecencias previas al Congreso.

Conectadas remotamente con el despacho de la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett y asesores legislativos, las juezas de Familia Susan Sepúlveda -en representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM)- y Paz Pérez, asociada, expusieron ayer sobre las dificultades actuales para el adecuado cumplimiento en materia de pensiones de alimento de las que conoce esa Judicatura especializada, con base en las opiniones previas vertidas en sede legislativa y un estudio sobre el particular elaborado por la magistrada Pérez.

A la izquierda, la magistrada Susan Sepúlveda; a la derecha, la magistrada Paz Pérez.

La comparecencia respondió a una invitación formulada a la ANMM para conocer el detalle de las posiciones gremiales en la materia resultantes de la extensa trayectoria de estudio y abordaje de los temas de infancia que la institución ha levantado a través de los múltiples informes emitidos e incorporados a la discusión parlamentaria en proyectos relacionados con la niñez.

Según explicó la magistrada Sepúlveda, quien a su vez preside el capítulo regional de Santiago de la ANMM, al término de la cita, “surgió la idea por parte de la ministra acerca de la posibilidad de convocar a una mesa de trabajo dedicada específica al cumplimiento en materia de alimentos ante juzgados de Familia y cuáles serían las medidas más eficaces para la efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), pero también del respeto de los derechos de las mujeres y madres cuidadoras”.

Problemas

Para la magistrada Sepúlveda, las principales dificultades que se visualizan en el cumplimiento de los alimentos que son regulados en beneficio de NNA están relacionados con la falta de efectividad que tienen las medidas de apremio y la burocracia en su cumplimiento, al no encontrarse relevado este derecho como un derecho fundamental que debe resguardar la vida e integridad de la infancia y adolescencia, y al rol activo que el Estado debe tener en establecer garantías en su establecimiento.

En su opinión, cualquier solución que se plantee desde el punto de vista legislativo siempre debiera partir de la premisa de que se trata de un derecho humano.

“Durante el año 2019 la asociación planteó una serie de requerimientos al Ejecutivo en torno a la infancia, entre los cuales se señaló específicamente el garantizar desde el Estado el pago efectivo de las pensiones de alimentos en el pago mínimo legal cuando el obligado no paga”, finalizó.