– Expertas y expertos destacaron que la jerarquía que distingue a los jueces chilenos entre “superiores e inferiores” constituye un elemento incompatible con un Estado Democrático y pleno respeto de los derechos fundamentales.

– Actividad del gremio de magistrados, la facultad de Derecho de la U. de Chile y el Instituto de Estudios Judiciales permitió reflexionar a partir de la sentencia del caso del juez Daniel Urrutia ante la CorteIDH.

Muchas son las prioridades que por estos días acaparan la atención de la ciudadanía respecto de aquellas materias que debieran ser incluidas o revisadas en una nueva Constitución. Y en medio de ese debate parece haber un gran ausente, cuyo impacto para el diario vivir parece estar más bien invisibilizado: se trata de la reforma del Poder Judicial chileno, actualmente regulado en el Capítulo VI de la Carta Fundamental.

Sin embargo, luego de escuchar las opiniones hoy expresadas en el seminario “(In)dependencia Interna: Un problema Estructural en la Organización Jurisdiccional Chilena” organizado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, el Instituto de Estudios Judiciales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, parece haber claridad respecto del diagnóstico tras conocerse hace algunos días la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de Chile en el caso del juez Daniel Urrutia.

Y es que más allá de las particularidades del largo juicio -originado en una investigación disciplinaria incoada contra el magistrado por expresiones vertidas en una tesis de diplomado el año 2004- expertas y expertos coincidieron en la visión de un Poder Judicial anclado a un modelo monárquico cuyo diseño molesta la independencia interna de jueces y juezas al clasificarlos en “superiores” e “inferiores” y donde los últimos ejercen su función teniendo a los primeros sobre sí, no sólo para revisar sus resoluciones, sino que también encargados de decidir sobre sus carreras, calificaciones y disciplinamiento.

A continuación destacamos los puntos altos de la jornada, en el orden de las exposiciones:

Fabían Sánchez (abogado mexicano ante la CorteIDH): Hizo un llamado a trabajar en la implementación de lo que la sentencia establece: “Sería bueno recordarle (párafo 154) al Estado chileno el compromiso pendiente en torno a las modificaciones para mejorar la independencia judicial en Chile” en alusión a las dos audiencias en las que CIDH pidió a los representantes nacionales avanzar en la modificación de la estructura orgánica del Poder Judicial.

Andrés Bordalí (profesor de la U. Austral): Volvió sobre su descripción del Poder Judicial, que recordó está concebido como un “regimiento”. Destacó el voto del juez de la CorteIDH Raúl Zaffaroni -el más crítico con la organización judicial chilena- coincidiendo en que la actual estructura es incompatible con un Estado democrático y el pleno respeto de los DDFF, a la vez que suprime el necesario pluralismo ideológico entre los jueces.

Flavia Carbonell (profesora de la U. de Chile): Centró su exposición en la garantía de libertad de expresión vulnerada respecto de Urrutia y también mostró incomodidad respecto de la jerarquía orgánica del Poder Judicial. “Los jueces y juezas tiene una opinión propia y tienen una ideología entendida ésta como una toma de posición frente a la realidad. En justicia no se le puede prohibir a un “experto” que haga observaciones sobre las deficiencias de un servicio (en alusión al origen del litigio), dijo.

Soledad Piñeiro: (presidenta de la ANMM): Hizo un recorrido por la trayectoria del gremio en la promoción de las modificaciones al “gobierno judicial” y recordó lo avanzado en la Mesa de Nombramientos con otros actores y el Ministerio de Justicia, cuyo resultado debía plasmarse en un proyecto de ley.

Para la dirigenta, lo que ocurre con la carrera, calificaciones y procedimiento disciplinario “son sólo ejemplos de cómo la estructura actual del Poder Judicial no garantiza al juez su independencia pues se concentra a diario en una competencia sobre cómo resuelven sus superiores”.

La jornada duró cerca de dos horas y contó con la moderación del juez José Ignacio Rau y la jueza Paulina Valenzuela, ambos de la Comisión de Gobierno Judicial de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.

Video disponible en: https://fb.watch/1-ZRvsGy1t/

Sentencia del caso Urrutia vs Chile: https://bit.ly/37i5aAi